Es increíble que Fernando Sánchez Campos, terrorista confeso, siga tan tranquilo desempeñando su cargo de diputado como si no hubiera pasado nada.

Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Tribunal Supremo de Elecciones se atrevieron a responsabilizarlo por el memorando del miedo que suscribió junto a Kevin Casas, a quien la infamia le costó la vicepresidencia de la República.

El presidente Arias, familiar del susodicho y persona a la que iba dirigido el memorando, más bien le presagió un futuro prometedor en la política.

Por su parte el Tribunal Supremo de Elecciones, fiel a su principio de desentenderse de las denuncias, envía el caso de aquí para allá y no resuelve nada.

Y los diputados tampoco hicieron gran cosa. Los oficialistas aceptaron de buenas a primeras las disculpas del terrorista y lo defendieron ante la opinión pública, mientras que la oposición armó un escándalo de tres días y ni un día más.

Más faltos que nunca de una verdadera representación, muchísimos costarricenses tomamos cartas en el asunto y en los últimos días, venciendo el miedo que impera en la administración Arias Sánchez, hemos acudido a las barras del público de la Asamblea Legislativa a exigir la renuncia del conspirador.

Lejos de intimidarnos por las listas negras, las fotos, los videos, los insultos y las amenazas, nuestra resistencia terminó desmoralizando a los diputados, que se vieron obligados a tomar medidas extremas como convertir las barras en ratoneras y propalar falsas alarmas de bomba.

Son tan descarados, y tan poderosas son las fuerzas que mantienen al títere en la impunidad, que para el régimen y sus medios de desinformación los terroristas somos nosotros.

Nosotros que siempre hemos dado la cara, que protestamos de manera pública y pacífica, que permitimos que nos requisen, que nos quiten la cédula de identidad, que apunten nuestros datos, que nos tomen fotos, que nos echen los perros encima para que nos huelan, que nos vigilen constantemente; nosotros que, a diferencia del diputado, sí estamos dispuestos a responsabilizarnos por las verdades que escribimos en los carteles.