Diez minutos por el ICE

Intervención en el Plenario Legislativo de algunos diputados que votaron negativamente la Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en primer debate el 13 de febrero del 2008. Los diputados contaron con diez minutos para hablar por el fondo del proyecto.

marcha_ice_merinoDIPUTADO JOSÉ MERINO DEL RÍO:

Gracias, señor Presidente.

Creo que al pueblo de Costa Rica, a pesar de que hoy no pude defender más de cien mociones referentes a cuarenta artículos de este proyecto de ley, debe tener claro, a estas alturas, cuál es la posición de este Diputado sobre este proyecto.

Hace ocho años, yo también estaba en este Parlamento; se discutía, en primer debate, las llamadas leyes del “combo del ICE”, se dijo que eran leyes para modernizar al país, y el presidente Miguel Ángel Rodríguez le decía, entonces, a este Diputado que no entendía cuál era el proceso, la innovación de las tecnologías de la comunicación, que todo iba demasiado rápido y que nosotros queríamos detener el país.

Incluso, en algún momento el señor Presidente amenazó que me iba a llevar a los tribunales de justicia, porque según él en aquel entonces lo estaba difamando, ocho años después quien está en los tribunales de justicia es el ex presidente Miguel Ángel Rodríguez acusado de haber cometido graves actos en contra de la ética y del interés públicos, entre ellos el haber estado recibiendo ya en los días del “combo”, por lo visto, y según denuncias de la prensa cheques de Alcatel.

Y ocho años después estoy aquí dándole la cara con dignidad a mí país y a mí pueblo, probablemente habiendo cometido errores en mi vida política, pero con toda seguridad sin nada de lo que avergonzarme, porque siempre he tratado de hablar de acuerdo a lo que me dicta mi conciencia, mis convicciones, y de acuerdo a los compromisos adquiridos con los sectores populares que defienden al Instituto Costarricense de Electricidad y también el Estado Social de Derecho en Costa Rica.

Sostengo que este proyecto ni es de modernización ni de fortalecimiento del ICE, que es un proyecto orientado, fundamentalmente, a promover que el patrimonio público, el ahorro nacional que hemos depositado en el ICE a lo largo de varias generaciones sea puesto a precios de subasta, de ganga al servicio de grandes operadores privados.

Sostengo que este proyecto está diseñado no para favorecer el mayor acceso a las telecomunicaciones del pueblo de Costa Rica, sino, fundamentalmente, para favorecer negocios privados, los mismos negocios privados que se han hecho cargo, prácticamente, de todo el mercado de las telecomunicaciones en América Latina.

Este proyecto de ley está orientado en sus principios rectores, más del setenta por ciento de sus principios rectores están orientados a tratar de facilitar a terceros el ingreso al mercado costarricense en detrimento de la empresa pública y en detrimento de los derechos de los costarricenses.

Un proyecto que rompe la solidaridad, que obliga a que las empresas extranjeras ya no vayan a destinar el nueve por ciento de sus rentas como hoy lo hace el ICE a financiar la solidaridad, para los segmentos sociales o para los sectores geográficos más vulnerables del país.

Un proyecto de ley que significará, inevitablemente, un aumento vertiginoso de las tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones.

Un proyecto que significará, como han denunciado nuestras universidades públicas, las organizaciones de ingenieros, de técnicos, de trabajadores del ICE, como han denunciado sectores patrióticos, prácticamente de todo el espectro social de Costa Rica, un proyecto orientado en contra del interés público, que huele, que huele como hemos demostrado a negocio y no a bien común.

Un proyecto que debilitará las posibilidades de nuestra patria de tener una política soberana en dos áreas estratégicas para el desarrollo del país, como son la seguridad energética y la seguridad de las comunicaciones, que junto a la educación, a la salud, al derecho de la gente al trabajo y a la vivienda, al derecho a la seguridad alimentaria son pilares del Estado Social de Derecho de Costa Rica.

Hemos oído hasta el descaro, decir, que en los países como Guatemala, como Nicaragua, como El Salvador, Honduras, que han privatizado sus empresas públicas el pueblo hoy recibe mejores servicios de electricidad y de telecomunicaciones.

Una vergüenza para tratar de destruir la confianza de nuestro pueblo en lo que con esfuerzos patrióticos de diversas generaciones y con la visión que tuvieron los fundadores del ICE nos ha permitido tener no, obviamente, todo lo que desearíamos, pero sí alcanzar niveles de desarrollo humano, niveles de acceso de la gente a la electricidad y a las telecomunicaciones muy por encima de la mayor parte de los países de América Latina.

Un proyecto detrás del cual, obviamente, ha estado la mano manual, pero también, intelectual, no de las fuerzas sociales de Costa Rica, sino de la empresa del señor Carlos Slim, de Telefónica de España, de los bufetes que representan aquí toda la telaraña de intereses, que se ha tejido alrededor de hacer privado negocios públicos, como son el de las telecomunicaciones y el de la energía eléctrica.

Este no es un proyecto que le sirva al país, yo le digo al pueblo de Costa Rica, lo vamos a enviar a la Sala Constitucional y todavía ustedes en sus hogares, en sus comunidades, en sus pueblos, en sus centros de estudio y de trabajo tienen todavía un mes para que puedan entender cuál es la esencia de este proyecto, que para mí es claramente antinacional, antipopular y que todavía ustedes tienen la posibilidad de movilizar pacíficamente sus energías patrióticas, para que esta ley no se haga finalmente una realidad porque le hará, repito, un daño irreversible a nuestra patria y a los derechos de las mayorías.

Por eso, el Frente Amplio le ha dicho no, y yo como diputado del Frente Amplio le diré no a este proyecto.

Gracias.

marcha_ice_lopezDIPUTADO ÓSCAR ANDRÉS LÓPEZ ARIAS:

Buenas tardes, señor Presidente, señoras y señores diputados.

Mi intervención por el fondo de este proyecto de Ley general de telecomunicaciones, que, por supuesto, voy a votar con un rotundo “no”, más bien debería ser una intervención por el orden.

Hoy, al igual que lo hice con el proyecto de ley de obtenciones vegetales, voy a poner en evidencia un vicio sustancial, un error de técnica legislativa tremendo, que estoy seguro invalidará la aprobación que, a golpe de tambor, pretende el Gobierno con este proyecto de ley.

Al igual que lo he hecho con todos los demás proyectos de la agenda de implementación, mi oposición se encuentra fundamentada, probada con documentos, con base en hechos y no será palabrería política la que me desmienta.

Nos aprestamos o se aprestan ustedes a aprobar este proyecto en primer debate, conteniendo un vicio insubsanable que procedo a explicarles, y del que pretendo formular consulta facultativa de constitucionalidad, por supuesto, con el apoyo y la ayuda y la bondad de otras señoras y señores diputados.

Señoras y señores, este proyecto, como ustedes saben le entrega facultades increíbles a la tal Sutel, vean, por ejemplo, le corresponde la comprobación técnica de las emisiones radioeléctrica, así como la inspección, detección, identificación y eliminación de interferencias perjudiciales.

Se sanciona a los operadores privados, que no les informen de los servicios, la Sutel puede requerir informaciones es la reguladora y garantizadora de que los operadores cumplan con la ley que hoy ustedes quieren aprobar.

Mucho ojo, señoras y señores diputados, la Sutel además definirá, ejecutará proyectos, ojo, administra los recursos de Fonatel, publica listados anuales de proyectos, vean qué magnitud de poderes se le va a dar a esa tal Sutel, puede disminuir y eliminar que los ejecutores, incluso, para indemnizar al proveedor, podría seguir describiendo la importancia tan altísima que le dieron ustedes a la tal Sutel en este proyecto.

Pero me voy a detener para preguntar, ¿qué es la Sutel? ¿Posee personería jurídica? ¿Ha nacido como persona previa a este proyecto o peor aún, ha nacido como persona jurídica dentro de este proyecto? La respuesta es no y eso es un vicio sustancial.

El inciso 30 del artículo 6 de este proyecto define a la Sutel como un órgano, un órgano lo define, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de la Aresep.

Señoras y señores diputados, de acuerdo con la Ley 7593 que es la Ley de la Aresep no existe ninguna Sutel, es decir, están ustedes por aprobar una Ley general de telecomunicaciones, en la que el órgano más importante no existe, ¿saben por qué no existe? Porque la Sutel se crea o se pretende crear apenas en el proyecto de ley dizque de fortalecimiento del ICE y no en este.

La prisa trae sorpresas, siempre, decían nuestros abuelos.

Por intentar aprobar a golpe de tambor los proyectos de esta agenda privatizadora, nuevamente cometen un error garrafal, que les adelanto es un vicio absoluto.

Para que la Sutel pudiese realizar todas esas tareas, para que tenga todo ese poder que ustedes le dieron, mediante este proyecto de ley debe primero existir y no existe por dos razones, primero, porque esta ley no crea la Sutel, no reforma la Ley de la Aresep, y solo le encarga funciones, sin que exista, como persona jurídica, y segundo, porque la creación de Sutel está en el proyecto de dizque fortalecimiento del ICE y para que fuera válida su existencia, debía de aprobarse primero el proyecto de desmantelamiento... perdón, fortalecimiento, le llaman, del ICE, máxima jurídica, señoras y señores diputados, se invirtió el orden de aprobación y han hecho incurrir al Parlamento en este desgaste de tiempo en un grave error.

Si no han creado la Sutel lo siento mucho, no puede haber Ley general de telecomunicaciones, como ustedes le llaman a esta ley privatizadora, a donde está, señores del G-38, en este proyecto la creación de la Sutel, adónde está en el proyecto en la reforma a la Ley de la Aresep.

Están a punto de aprobar un proyecto totalmente defectuoso, porque le dieron todas las funciones a una tal Sutel, que no ha nacido a la vía jurídica, y ninguno de ustedes pude asegurar que el proyecto de dizque fortalecimiento o mejor dicho de desmantelamiento del ICE se vaya a aprobar.

Primero, tenían todo el deber de aprobar ese proyecto de dizque fortalecimiento que sí, ese sí crea la Sutel, porque ese proyecto reforma la Ley de la Aresep y después debía de aprobarse o intentar aprobarse esta supuesta Ley General de Telecomunicaciones.

Por mí parte, repito, yo voy a interponer una consulta facultativa sobre este tema, esperando con la ayuda de otras señoras y señores diputados del Partido Acción Ciudadana, y del diputado Merino del Río, no solo respecto de este vicio sustancial, sino además, sobre lo que considero es una violación a la autonomía del ICE, porque el ICE perderá todas las facultades que posee y se las regalan al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Sectorial de Telecomunicaciones, de la Secretaría Técnica, del Consejo Sectorial y de la tal Sutel, que ni siquiera existe jurídicamente, violentando con esto el decreto 449 que le otorgó autonomía plena al ICE, respecto del Poder Ejecutivo, y que no es cualquier decreto, porque fue dado por la Junta de Gobierno, fundadora de la Segunda República, que dio origen a la Constitución de 1949.

Y, por tanto, tiene un rango constitucional por medio del artículo 197 de la Carta Magna, yo quisiera que personas que manejan el tema constitucional de arriba para abajo, como don José Luis Valenciano, nos hable de este decreto constitucional que los fundadores de la Segunda República le dieron al ICE, autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, qué van a hacer con ese decreto, eso nunca ha sido modificado, eso forma parte del cuerpo normativo, jurídico de este país.

El ICE no es sencillamente cualquier institución, el ICE tiene una autonomía particular que deriva del constituyente, y eso, señoras diputadas y señores diputados, no se lo pueden brincar tan fácilmente si es que se interpreta la Constitución Política, y las labores del constituyente, del 49 tal y como debería darse.

Buenas tardes, muchas gracias.

marcha_ice_pacDIPUTADA LEDA MARÍA ZAMORA CHAVES:

Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, estimados compañeros, y buenas tardes a todos los costarricenses, que hoy nos escuchen.

Hoy debería flotar, debería estar a media asta la bandera de Costa Rica y también la bandera del querido Instituto Costarricense de Electricidad, porque hoy es un día en que comienza el inicio del fin de la consolidación de un modelo, por el cual han venido soñando, como bien lo reconocía la diputada Lorena Vásquez desde hace más, ya casi veinte años, que venimos en esta lucha de resistencia, que ha sido sostenida, fundamentalmente, por las organizaciones laborales del ICE, que luchamos una y otra vez para detener el proceso de privatización y apertura de telecomunicaciones.

Y en esto, también, nos acompañaron en su momento en la gesta del “combo” gran cantidad de costarricenses que rechazaron de manera abierta el cambio de un modelo que ha sido exitoso, un modelo mediante el cual el Estado presta de manera exclusiva los servicios de telecomunicaciones y electricidad, por ser estos servicios de carácter estratégico para el desarrollo integral de las personas.

Durante el proceso de referéndum fue obvio que se engañó descaradamente a la población diciendo, que lo que propiciaba el Tratado de libre comercio era una apertura regulada, selectiva y gradual.

Yo quiero que ustedes, hoy, demuestren hoy, dónde se cumple en este proyecto de ley esas tres promesas, que se le hizo a los costarricenses y se invisibilizó así la verdadera discusión que había que dar entorno al cambio de modelo.

Una de las consecuencias que tendrán que ver directamente con un incremento en las tarifas y lo he dicho una y otra vez, nos podríamos equivocar en algunas valoraciones respecto a proyectos de la agenda de implementación que son, que puede que ocurran, puede que no, algunas de ellas.

Pero, si hay algo en lo que tenemos certeza de asegurar y la historia al fin nos dará la razón, es de que este cambio de modelo tendrá, indudablemente, un incremento tarifario del cual sufrirán las consecuencias principalmente los sectores de menores ingresos.

Producto del rebalanceo tarifario para ajustar las tarifas del ICE a las expectativas de ganancia a las empresas privadas; por un lado, producto de los costos por el uso del espectro radioeléctrico, que hoy no pagamos ni un centavo, y producto de los costos de interconexión que, también, hoy no son reconocidos en la facturación de telecomunicaciones, que tendrán que ser incorporados de igual manera un modelo de regulación mucho más costoso.

Negar esto me parece que es faltar a la verdad y no plantear con la franqueza que merece el pueblo costarricense las consecuencias de la apertura en el sector de telecomunicaciones.

Realmente, digo que hoy han de estar muy contentos los sectores político–empresariales que han venido tras el negocio de las telecomunicaciones, porque hoy más que nunca tienen el trofeo más cerca, lo tienen casi en sus manos.

Si bien es cierto, reconocemos el resultado del referéndum pese a las condiciones de desigualdad en que fue hecha esta consulta popular y es cierto que este país merece, y necesita un nuevo marco regulatorio en el sector de telecomunicaciones, pero eso no significa que tenga que ser cualquier proyecto y cualquier contenido de este proyecto agenda de implementación.

Y este proyecto va muchísimo más allá de lo dispuesto en los compromisos del Tratado de libre comercio y, por el otro lado, no garantiza de ninguna manera todas esas bondades, que hoy algunos compañeros han planteado en este Plenario, que comienzo a dudar de cuál fue el proyecto que se leyeron, porque si este proyecto tuviese, efectivamente, esas bondades y posibilidades no duden los costarricenses, que los diputados del Partido Acción Ciudadana seríamos los primeros de estar de pie apoyando aquí la votación de este proyecto.

Pero estamos totalmente conscientes que no ha sido así, y hemos sido una fracción que hemos estudiado a conciencia este proyecto y hemos defendido con argumentos técnicos una a una de las mociones presentadas en las diferentes etapas procesales por las que ha pasado este proyecto.

Bueno, hoy lamentablemente, estamos como he dicho en algunas ocasiones dando un viraje en U que hecha por la borda la... una de las mayores conquistas sociales que este país ha tenido, y que ha sido que gracias a la actuación del ICE hemos logrado poner a disposición de la mayor cantidad de costarricenses posible los servicios de telecomunicaciones y electricidad.

Nos citaba el diputado Méndez una serie de índices del ICE comparado con el ICE, diay, un índice tiene sentido en la medida que lo comparemos con algo, bueno, me extraña que no hayan aquí traído los datos de la realidad que enfrentan países, que ya tienen el mercado de telecomunicaciones abierto para ver si es cierto que esos índices de carácter social han mejorado como se ha planteado aquí.

No, la realidad es que nosotros tenemos índices que son envidiables por muchos países, incluso que se dicen más desarrollados que el nuestro. No tiene ningún sentido que citemos cifras del ICE comparadas con el ICE, no, el ICE tiene que ser malo o bueno comparado con algo y abundan los índices donde demuestran que esta institución hoy, pese a todas las críticas del Movimiento Libertario y no digo que el ICE no pueda mejorar, es una institución que tiene índices de eficiencia, de eficacia envidiados por muchas otras empresas de esta naturaleza.

Han de saber los costarricenses y hoy quedó demostrado en el... en la sesión de la mañana, donde se sometieron a votación las mociones pendientes sin ninguna posibilidad de defensa por parte de los diputados proponentes, que este proyecto ha sido objeto de un procedimiento abreviado e ilegal, indigno de una decisión política tan importante como es echar por la borda un modelo de casi sesenta años de vida institucional del ICE, en la cual vamos a apartar la lógica de la solidaridad para darle campo únicamente a la lógica del mercado.

Sorprende la ligereza con que es considerada aquí, por algunos diputados, que dicen que el ICE está en posibilidades de competir, por un lado lo critican que no ha sido capaz siquiera de satisfacer la demanda de servicios de los costarricenses y, por otro lado, le reconocen de que brinda servicios inmejorables, lo cual resulta un contrasentido.

Pero la discusión fundamental no es si una empresa estatal puede o no puede competir, la discusión fundamental debería ser si las empresas del Estado fueron concebidas para competir, para ponerse a funcionar con la misma lógica que funcionaría cualquier empresa privada, porque el ponerlas a competir bajo la lógica de mercado, con el afán de lucro, simple y sencillamente tenemos a un Estado renunciando a funciones esenciales del mismo como es la distribución de la riqueza y la prestación al costo de servicios que son fundamentales para el desarrollo de oportunidades para la ciudadanía, y eso es justamente lo que el ICE ha hecho a través de toda su historia.

Aquí, estimados compañeros y compañeras, aquí no se ha dado una discusión, ni un debate de calidad respecto a una decisión tan importante como la que ustedes van a tomar, y el pueblo de Costa Rica ha de recordarlos como treinta y ocho diputados que se pusieron de acuerdo para desmantelar los pilares fundamentales de nuestro modelo de Estado solidario, un modelo de Estado que fue gestado por precursores tanto del Partido Liberación Nacional, como de la Unidad Social Cristiana, que tuvieron la visión de dotar a este país de un instrumental de carácter institucional que ningún otro país de Centroamérica logró desarrollar y que explica, en buena parte, el porqué hoy somos un país diferente.

Bueno, hoy ustedes mismos lo están enterrando, y la historia ha de juzgarlos por eso, creo que esta generación de diputados no pasará sin ser recordada por muchos años como los diputados que propiciaron el desmantelamiento del Estado Social de Derecho del que tanto nos hemos sentido orgullosos...

...Gracias señor Presidente, y gracias a mi compañero Sergio Alfaro por cederme este valioso tiempo.

Siguiendo con lo que venía planteando con relación a este proyecto, yo quisiera que los diputados que hoy apoyan este proyecto le expliquen a los costarricenses, ¿quién va a pagar por la limpieza de las bandas del espectro radioeléctrico, ¿quién va a pagar por la desagregación de la red para garantizar la portabilidad numérica a todos los usuarios de los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones que se instalen en nuestro mercado?

Aquí hay muchas cosas que no se han explicado, ¿cuáles son las implicaciones y el alcance real de este proyecto? Realmente, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al pueblo costarricense que hoy esta servidora y mis compañeros de Fracción podemos tener la frente en alto y mirarlo a los ojos, porque hemos llevado esta lucha hasta el último momento con las pocas herramientas legislativas que nos han quedado a nuestro haber y con la cuota de representación que el pueblo de Costa Rica tuvo a bien otorgarnos.

Hemos hecho todo lo que podemos hacer, y así será la historia la que tenga que juzgar nuestras acciones, nuestra defensa no solo del ICE, sino del modelo de Estado solidario que hemos venido también defendiendo, en la figura del Instituto Nacional de Seguros y lo seguiremos haciendo, obedece a principios, a una visión de país que, lamentablemente, se nos plantea cada vez más su tópica en el que nosotros aspiramos a la construcción de una sociedad más solidaria y más inclusiva.

Que, lamentablemente, con la consolidación de este nuevo marco jurídico se nos aleja cada vez más, pero aquí estamos, vamos a seguir luchando y lo hemos venido haciendo, pese a las críticas, pese a las encuestas, pese a la campaña que se ha venido gestando en contra de nuestra Fracción, donde se nos ha tildado de filibusteros, obstruccionistas y un largo etcétera.

Pero eso, realmente nos tiene sin cuidado porque esta lucha ha estado inspirada en los más nobles derechos de las mayorías costarricenses, en una noble visión de este país y en el compromiso que todos asumimos cuando fuimos electos como diputadas y diputados del Partido Acción Ciudadana.

Y entonces, hoy, pese a que no puedo negar que tengo una profunda tristeza, porque hoy será probablemente votado en primer debate este proyecto, pero sí tengo la conciencia tranquila, y yo hubiese querido tener la posibilidad a mi paso de esta Asamblea Legislativa de aprobar verdaderamente un proyecto.. una ley general de telecomunicaciones que garantizara todas esas cosas bonitas que ustedes han ofrecido hoy.

De aprobar quien más que yo quisiera como trabajadora del ICE, por más de quince años, una verdadera ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad, y no la farsa que estamos aquí planteando de un seudo fortalecimiento que ha sido entendido como simple y sencillamente un requisito para darle espacio a operadores privados en el mercado.

Y quienes dicen que aquí no hay privatización mienten, este país, lamentablemente, ha escogido la ruta más barata de la privatización, otros países vendieron sus empresas y bien pudieron haberse ayudado de las arcas estatales y los políticos de turno no se hubiesen robado esos recursos, como pasó en la mayoría de los países, pero nosotros estamos entregando gratuitamente nuestro mercado de telecomunicaciones que ha estado al servicio de los costarricenses.

Y así el ICE, a partir de este momento, donde una institución pública ha visto necesidades por satisfacer, tendrá que dar oportunidad de negocios, igual que cualquier otra empresa privada.

Y si no sabemos apreciar esas diferencias, sabremos apreciarlas cuando nos hayamos dado cuenta de lo que perdimos. Bien dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.

Hoy criticamos las instituciones del Estado por algunos defectos que tienen, que deben mejorarse, pero que eso no se cura con apertura, se cura con buena gestión, se corrige con despolitización de las empresas del Estado y no con el clientelismo político que, lamentablemente, sigue presente en este nuevo marco jurídico.

Yo reto a los compañeros diputados que hoy aquí con tanta certeza aseguran de que no se van a incrementar las tarifas, de que se van a mejorar los servicios, escriban eso en una acta pública y fírmenla, para que cuando las consecuencias se den, tenga la ciudadanía, porque a veces la memoria del pueblo es muy corta y recuerden cuántas falacias y falsas expectativas se plantearon hoy por quienes abogan por la aprobación de este proyecto de ley.

Háganlo así, si ustedes están tan seguros de lo que están diciendo, que supuestamente el modelo es un modelo exitoso, porque es un modelo inspirado en el modelo europeo, como le dije al doctor Roberto Dobles, cuando me dijo que era un modelito europeo, qué lástima que aquí no tenemos el nivel de ingreso que tienen los europeos y las políticas tributarias que tienen los países europeos.

Ah no, aquí no solo les garantizamos tarifas, sino que les decimos, miren, señores, no les vamos a imponer tributos. Estamos renunciando, incluso a futuro, de tener la posibilidad de gravar a los sectores más dinámicos y rentables de la economía para favorecer a los sectores que están en desventaja social.

Esa es simple y sencillamente la profundización de una serie de políticas de corte neoliberal, que están haciendo de esta sociedad, una sociedad cada vez más excluyente, más polarizada, donde claro está que este proyecto se va a convertir en un modelo de desarrollo, como han dicho aquí algunos, pero es un modelo de desarrollo para ciertos empresarios, para ciertos capitales de los magnates centroamericanos que están deseando ingresar a este país, porque ya no encuentran qué comprar en sus países. Países donde no existe una clase media, solo una clase que vive en la opulencia y lo tiene todo, y el resto que no vive ni siquiera en la pobreza, sino en la miseria.

¿Ese es el modelo de país que nosotros queremos heredar a nuestros hijos y a las futuras generaciones?

Yo quisiera y me siento con la responsabilidad social, porque soy hija de un Estado solidario. Quisiera poder heredarle no solo a mis hijos, sino también a los niños que no han nacido, a las futuras generaciones y a los niños de hoy, una sociedad de oportunidades.

¿Estamos todos seguros de que, efectivamente, Internet de banda ancha, el cierre de la brecha digital va estar al alcance de la mayor parte de la ciudadanía o será simple y sencillamente un privilegio de unos pocos, condenándolos a seguir teniendo ciudadanos de primera, de segunda y tercera categoría, porque no tienen acceso, por ejemplo, a Internet y a bases de datos fundamentales en la era de la información y del conocimiento?

Repito, probablemente la historia nos dará la razón y será para entonces quienes hoy nos han criticado que entiendan las luchas, de que no eran unos trasnochados, que queremos vivir en el oscurantismo, y que por nosotros todavía andaríamos aquí con taparrabo, sino que fuimos personas lo suficientemente críticas y estudiosas para no comernos el cuentito del ilusionismo de la competencia, de las maravillas de la inversión trasnacional y privada en servicios básicos para la población.

Eso será la historia quién lo juzgue, hoy, repito, ante los costarricenses, esta servidora y creo que todos mis compañeros sentirán esa misma convicción, hemos dado la lucha en las comisiones, hemos hecho lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y hoy corresponderá y recae en ustedes la responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse de este proyecto para los costarricenses.

Gracias, señor Presidente.

DIPUTADA ELSA GRETTEL ORTIZ ÁLVAREZ:

Gracias.

Me correspondió inicialmente formar parte de la Comisión especial para analizar esta Ley general de telecomunicaciones. Fue un reto, sobre todo porque mi formación no es precisamente en esta materia y me obligó, no solamente a mí, sino a mis compañeros, a estudiar sobre qué debemos entender por telecomunicaciones y todas las implicaciones que este tema trae para los costarricenses.

Quisiera decir en este momento, como desde muchos meses antes de empezar a estudiar este tema, fuimos asesorados por técnicos especialistas, académicos y personas de la sociedad costarricense, que, voluntariamente, nos ofrecieron todos sus conocimientos y quiero reconocer ese apoyo hoy que estamos en el debate de fondo, gracias, señores de la Universidad de Costa Rica, gracias señores del ICE y gracias a todos los servidores costarricenses, que vinieron a auxiliarlos. A los asesores de nuestra fracción, a los compañeros y compañeras.

También, quiero resaltar la labor que hizo, muy oportunamente, los asesores legales que tiene esta Asamblea Legislativa, y también la gran cantidad de documentación que nos hicieron llegar personas dentro y fuera de este país. Sin ellos no tendría hoy un mejor manejo del tema de estas telecomunicaciones, y hay que reconocerlo, uno no es una persona que tiene amplio conocimiento en estos temas.

Nuestra Fracción, en forma responsable, se opuso al presente proyecto, debido a diversas razones entre ellas, las jurídicas, porque combatimos la forma en que este proyecto pretende abrir el monopolio de las telecomunicaciones, sobre todo, en los aspectos de la telefonía celular, porque es un hecho que la telefonía fija, en la gran mayor parte de los países, siempre se mantiene como un monopolio y esto no lo digo yo, lo dicen especialmente los especialistas del tema.

No hay país del mundo que tenga la telefonía fija abierta en competencia y aquí hubo un intento de hacer esa apertura, bárbaros, diría yo, porque eso definitivamente atentaría contra ese servicio fundamental para los costarricenses.

Nos opusimos por razones de tipo económico, porque analizamos cuáles han sido los costos de la inversión en infraestructura, que el pueblo de Costa Rica, con sus impuestos y con el pago de las tarifas, ha invertido a lo largo de estos casi sesenta años, en la construcción de un ICE, ejemplo para Latinoamérica, una inversión inicial muy alta, y que ahora, a través de esta ley, va a beneficiar a través, repito, de unos porcentajes mínimos a los operadores y proveedores que, simplemente, se van a colgar de esa infraestructura, que es de todos los costarricenses, bendito sea, qué fácil es venir y encontrar la casa construida, la casa amueblada, y que no nos cueste absolutamente nada.

Es muy fácil buscar, entonces, lotes baldíos, claro, pero construir sobre ellos es lo difícil.

Los criterios de inversión que Costa Rica hizo nadie los quiso hacer antes y que ahora por ser ya una inversión no solamente enriquecida, sino diversificada en todo el territorio nacional, va a ser utilizada por la empresa privada a costos muy bajos, qué duro es decir esto, pero es la realidad.

Ninguna empresa privada se arriesga a invertir, sobre todo cuando ya otra empresa lo hizo y esto, por supuesto, sucede en todos los campos del comercio en general.

El caso de Nicaragua, es uno de ellos. Nicaragua ha invertido poco en electricidad, en inversión para energía eléctrica y hoy tiene apagones de hasta ocho horas, y ni qué decir República Dominicana y ninguna empresa privada, de las que están ahí, quiere invertir grandes sumas de dinero, porque saben que eso cuesta muchísimo y no le es rentable.

Pero Costa Rica tiene electricidad y telecomunicaciones porque el ICE ya hizo la inversión.

Hay que destacar que la industria de las telecomunicaciones tiene elementos monopolísticos naturales, y aquí el discurso de que si el monopolio es de hecho o de derecho o no lo es, es un discurso que no tiene ningún sustento, porque siempre va a haber un monopolio en las telecomunicaciones, quiérase o no, habrá monopolio de las telecomunicaciones en la telefonía fija y eso permanecerá en el ICE, pero, también, van a permanecer en monopolio, invariablemente, infraestructuras que pertenecen solo al ICE y que solo de ella pueden subsistir.

Y esto se refiere al aporte de la industria que nace paralelamente a todos los servicios de telefonía.

Hay elementos típicos de la telefonía o las telecomunicaciones que no presta ninguna otra empresa, porque no las pueden dar y esto, entonces, se convierte en un monopolio natural.

Así que haber optado por un trámite inconstitucional, como lo hemos hablado ya en reiteradas presentaciones, tanto mis compañeras y compañeros de la apertura de un monopolio a través de un proceso que no debió haberse aprobado, es lo que nosotros hemos estado reiterando y reiteraremos ante la Sala Constitucional.

A parte de lo que ya he indicado, el proyecto de ley tuvo modificaciones muy profundas después de haber recibido observaciones de peso tanto de la Procuraduría General de la República, como de la Contraloría General de la República y de los mismos Servicios Técnicos de esta Asamblea Legislativa, que obligó a los proponentes a modificar el texto base, sustancialmente, en un texto sustitutivo que recibió mociones de nuestra parte para evitar los excesos que el propio texto pretendía incluir y que, precisamente, rebasaba lo acordado en tratado de libre comercio aprobado el 7 de octubre pasado.

Nosotros hemos considerado que este proyecto de ley, efectivamente, no es lo que le conviene a los costarricenses y el tiempo lo dirá, aquí presenta mi compañero Méndez el proyecto como la panacea de las telecomunicaciones del futuro de Costa Rica, pero quiero preguntarle a mi compañero y a los compañeros que apoyan esto, si han visitado recientemente los países de Centroamérica, que han firmado el Tratado de libre comercio y que tienen telecomunicaciones, cómo les está yendo a los usuarios de esas telecomunicaciones en cuanto a costos y servicios.

Gracias.

DIPUTADO ORLANDO MANUEL HERNÁNDEZ MURILLO:

Muchas gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros presentes.

El proyecto Ley de Telecomunicaciones, expediente 16.398, no es otra cosa que el instrumento utilizado por el Gobierno del señor Óscar Arias, del grupo de los 38 diputados que lo apoyan, y de un grupo de empresarios con intereses personales, para convertir a una institución del Estado costarricense que tanto beneficio ha generado a todos los costarricenses, de ser un servicio a un objeto de comercio, violentando así el principio cristiano de justicia social aplicable por igual a todos los factores concurrentes, al proceso de producción en procura de una política permanente de solidaridad nacional de conformidad con el artículo 74 de la Constitución Política de nuestro país.

Cuando el ICE fue creado en 1949, se le asignó una tarea gigantesca: llevar la electricidad a todo el país, y lo ha logrado, a pesar de que en los últimos 20 años han habido gobiernos que, directa o indirectamente, han intentado sabotear su trabajo, seguramente con la intención de hacer creer al pueblo de que lo mejor sería privatizar la institución. Pero que en ningún momento le han dicho a los costarricenses quiénes serán los beneficiados con esta privatización o apertura, que en este caso específico, son palabras sinónimas y cuando me atrevo hacer esta manifestación es porque con la apertura de las telecomunicaciones el ICE podría seguir siendo una empresa propiedad del Estado, pero al tener que competir con grandes empresas transnacionales ––incluso en desventaja–– se convertiría, en la práctica, en una empresa privada más, lo que significa que cuando hablamos de apertura y privatización es lo mismo.

El propósito de mantener empresas públicas es que estas actúen como instituciones de desarrollo y persigan favorecer el bien común ––el mayor bienestar para todos y todas–– las telecomunicaciones fueron concesionadas por el Estado a empresas particulares nacionales o extranjeras, de 1893 a 1963.

El Estado Costarricense opera las telecomunicaciones desde hace más de 70 años, es decir, en 1963 al ICE, también, se le encomendó desarrollar el área de las telecomunicaciones. Inicialmente sólo existía la telefonía fija o residencial, pero más adelante se desarrolló la telefonía celular y la red Internet.

Y aunque en este campo queda mucho por hacer, diversos indicadores confirman que el servicio brindado por esta noble Institución ha sido invaluable y es que no es para menos, ya que según la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Costa Rica ocupa el primer lugar en este campo en toda América Latina.

También, ocupa el primer lugar latinoamericano en densidad de telefonía fija, y el tercero en densidad de telefonía total ––fija más celular más pública–– el primer lugar en completación de llamadas desde Estados Unidos, es decir, llamadas que no se cortan; tercer lugar en tarifa telefónica básica residencial; primer lugar en tarifa telefónica móvil; primer lugar en cobertura eléctrica; cuarto lugar en tarifa eléctrica residencial.

Como ustedes pueden entender, son estos avances los que han permitido que Costa Rica sea uno de los países, en todo el mundo, con mayor generación de energía limpia ––no contaminante–– y que ocupe el tercer lugar a nivel mundial en consumo telefónico por personas. Además, el ICE está obligado a vender sus servicios al usuario, al costo, es decir, sin obtener una ganancia.

Al respecto me permitiré preguntar a ustedes, respetables compañeros diputados que apoyan estas leyes tan injustas, ¿podrá alguna empresa privada ofrecer lo mismo?, pero sé que ustedes no me podrán responder en forma alguna, me permitiré dar la respuesta: claro que no.

Si bien es cierto el ICE debe de reforzarse, para que todos los beneficios que los costarricenses hemos recibidos de él, sean aún mejores, que hay mucho por hacer y mucho por mejorar, son precisamente las autoridades gubernamentales quienes deben de mejorarla, eliminando las amarras administrativas y financieras que le han impuesto los políticos y buscando forma de politizar la institución, que tiene como consecuencia el retraso de las inversiones necesarias para dar un mejor servicio al cliente y hasta ha generado casos muy sonados de corrupción. Claro esta, siempre debemos insistir en que el ICE rinda cuentas y ofrezca el mejor servicio posible, para eso es una institución de todos y todas las costarricenses.

El proyecto de ley General de Telecomunicaciones no es otra cosa que la imposición de una ley, que se ajuste a los caprichos consignados en el TLC, pero lo más grave aún es que va más allá de estas imposiciones y contempla normas que a todas luces dejan a un lado los derechos de los costarricenses para complacer descaradamente a las empresas transnacionales, que solo esperan su aprobación para surgir como buitres hambrientos en busca de rapiña.

El desafío de lograr que el acceso a las telecomunicaciones (telefonía, Internet) sea universal para todos y todas, solo lo podemos lograr si el servicio se sigue prestando al costo, pues en régimen de competencia las tarifas tendrán necesariamente que subir, ¿o es que las empresas privadas que vengan renunciarán a obtener ganancias, como lo hace el ICE?

No puede quedarnos la menor duda que las tarifas que inevitablemente provocará la apertura será en verdad un aumento en las tarifas que pagamos todos los costarricenses, conllevando la exclusión de los sectores más vulnerables de la población.

El artículo 60 del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones prohíbe expresamente los subsidios cruzados, los califica de práctica monopolística en el artículo 74, y los multa hasta con diez por ciento de las ingresos del operador, dejando sin ninguna posibilidad al ICE de mantener el sistema solidario que por tantos años a mantenido.

Según un estudio del doctor Doyle Gallegos, este esquema provocaría un aumento de tarifa de hasta un cuatrocientos por ciento, lo que obligaría a aproximadamente a veinticinco por ciento de la población costarricense a dejar el servicio de telefonía. Hoy en día, el ICE invierte un nueve por ciento de sus ingresos brutos para subsidiar el consumo mediante tarifas por debajo del costo. De ahí que nuestra propuesta para la contribución al Fonatel sea de un nueve por ciento. Cualquier reducción en ese monto significaría desmejorar lo que tenemos hoy en día.

En lo relacionado con materia de regulación, se le exige más al denominado “operador importante”, en este caso al ICE, que a los operadores privados. Por ejemplo, al ICE se le exige llevar una contabilidad de costos, lo cual representa un gasto millonario, y además se le obliga a poner a disposición de los otros operadores la información técnica y comercial relevante.

Sobre este asunto cabe reflexionar sobre quién es en verdad el grande y el pequeño en esta relación. Si bien el ICE ha sido hasta el día de hoy el único operador, en el futuro se le pondrá a competir contra empresas poderosísimas en el tema de la telefonía. Si además de tener que competir contra empresas multimillonarias, el ICE tiene todavía más restricciones que los demás operadores, esto revela que el texto no es equitativo y únicamente pretende beneficiar a las empresas que vengan.

Por otra parte, este proyecto de ley pretende que la apertura del mercado de las telecomunicaciones entre a regir a partir de la aprobación de la misma, otro aspecto muy negativo para el ICE, ya que ésta debería de hacerse en una manera racional y en función del bienestar común de los costarricenses.

Siendo las telecomunicaciones un instrumento clave para el desarrollo social, no puede caber la menor duda que debe ser un servicio público. Sin embargo, los proyectos que se encuentran actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa pretenden establecer las reglas del mercado de las telecomunicaciones en un contexto de apertura, facilitando acceso a mercado a las empresas privadas con pocas restricciones operativas y con precios de interconexión al costo. También pretende regular la apertura cuando hasta ahora ningún órgano regulador en el mundo ha realizado funciones efectivas -y para terminar- asimismo, prohíbe los subsidios cruzados los cuales permitirían que existan servicios accesibles para la mayoría de personas, porque otros servicios pagan de manera solidaria para abaratar costos. Así, se ponen en riesgo el acceso universal y la solidaridad.

Muchas gracias, señor Presidente.

DIPUTADO RAFAEL ELÍAS MADRIGAL BRENES:

Muy buenos días a los costarricenses que han seguido, con interés, la supuesta discusión que se ha dado en este Plenario, relacionada el expediente 16.398, Ley general de Telecomunicaciones, que hay que aclarar que no es una ley general, es simplemente una ley de telecomunicaciones.

Y lo primero que quiero aclarar, para todas las personas que, quizás, hoy han seguido la discusión de esta mañana, es que el capítulo final correspondía a la votación, sin discutir, de las mociones de reiteración que hubiesen quedado al final de las veinte sesiones, o veintiuna, en este caso, como con gran desprendimiento del señor Presidente se dio una sesión adicional, dizque para reponer algunas que habían sido de corta duración.

Nosotros, en el Partido Acción Ciudadana, a través de nuestra fracción legislativa, hemos sido claros, desde el principio, y lo hemos manifestado así a los costarricenses, que no íbamos a cohonestar un procedimiento que, a todas luces, roza la Constitución y el Reglamento legislativo, porque el mismo artículo 208 bis establece que, a través de ese procedimiento, no puede romperse un monopolio del Estado. Y sabemos que, inclusive, hay asesores que le han expresado esto a las altas autoridades del Poder Ejecutivo. Y, por supuesto, los compañeros miembros de las fracciones que apoyan la apertura de telecomunicaciones son muy conscientes, y yo espero que esos temores que se han venido fraguando dentro del grupo de los treinta y ocho sean corroborados por los magistrados de la Sala Constitucional.

Y es por esa razón que los costarricenses deben entender que nosotros siempre dijimos que si aquí, en las sesiones extraordinarias, convocadas por el grupo de los treinta y ocho para sesionar por las mañanas, no íbamos a estar aquí, cohonestando ese procedimiento ilegal, si los miembros del grupo de los treinta y ocho en pleno no venían a conformar el quórum.

Hemos sido consistentes con ese planteamiento, y el día de hoy lo que hicimos fue abandonar este Plenario para que el último acto del sainete, montado por el grupo de los treinta y ocho, lo pudieran hacer y que de frente a los costarricenses quede demostrado qué es lo que, realmente, se ha venido dando a lo largo de este período, de supuesta discusión del proyecto más importante y más polémico que conforma la agenda de implementación del TLC.

Porque hay que recordarles también a los costarricenses que el señor Presidente de la República, en una entrevista, que fue patética de frente a los costarricenses, a través del Canal 7 de televisión, doña Pilar Cisneros le preguntó: ¿Es cierto, don Óscar, que las telecomunicaciones no fueron una petición de parte de los Estados Unidos?, y don Óscar respondió: Eso es cierto, es una solicitud presentada por los mismos negociadores que tuvieron a su cargo el mal negocio del TLC.

¡Mal negocio para los costarricenses y, por supuesto, excelente negocio para otros inversionistas de la región!

Y parece que no conformes con ese abuso en la negociación de esta apertura ilegal de las telecomunicaciones, se promueve, entonces, un procedimiento ultrarrápido, , que yo creo, repito, una nueva... una vez más, que lleva en sí mismo la entropía, porque este procedimiento finalmente, espero, deberá ser declarado improcedente por la Sala Constitucional, que es a quien compete decidir la forma de tramitar proyectos de tanta envergadura como este que estamos aquí discutiendo.

Hoy, está llegando a su final esta discusión, que ha sido enteramente monóloga, porque si bien es cierto le han hecho creer a los costarricenses, que aquí ha habido carretillos llenos de mociones, aún así, que no es cierto, pero aún asumiendo que hubieran sido carretillos llenos de mociones, lo cierto es que, doña Hilda, lo digo por usted especialmente, se aprobaron seis mociones y una de ellas era porque faltaba un reglamento y era conveniente aprobar esa moción, el resto son mociones que en nada cambian el fondo del proyecto.

Así que esto no ha pasado de ser un diálogo de sordos.

Creo que es un día triste para Costa Rica, y espero que la alegría la volvamos a recuperar en unos treinta días, cuando la Sala Constitucional declare que aquí las cosas se han hecho a contrapelo de la Constitución y el Reglamento.

Señor Presidente, me reservo los minutos que queden a mi favor.

DIPUTADO OLIVIER PÉREZ GONZÁLEZ:

Gracias, señor Presidente.

Al fin, tal y como lo han querido los del grupo treinta y ocho, como dice una compañera: mundo feliz. El mundo feliz para don Óscar Arias, el mundo feliz para muchos que han pretendido que esto pase en esta forma, donde ojalá pudieran presentar proyectos directamente del señor Presidente de la República, en este caso que representa al poder económico, mundial, y como lo he denunciado tantas veces aquí, y nadie, nadie le puede decir nada, solamente moción número tal, quienes estén a favor, levántese, no se levanta nadie, rechazada, punto, este es el mundo feliz que han querido.

Y algunos aquí que han hablado de democracia, ¿cuál democracia?, ¿de qué democracia estamos hablando aquí? Cuando una de las entidades, patrimonio de todos los costarricenses, como es el Instituto Costarricense de Electricidad, lo cortamos de un cuajo y ni siquiera explicamos a los costarricenses, por qué lo que hemos tenido tanto y hemos querido, hoy lo estamos entregando a ese poder económico mundial para que hagan fiesta, para que festinen con él.

Y aquí eso es lo único que se ha hecho, la democracia, ¿cuál democracia? La representación del pueblo, ¿cuál representación del pueblo?, ¿dónde están los diputados que representan el pueblo de Costa Rica, los dueños, los dueños del Instituto Costarricense de Electricidad?

Bien, universalidad de un servicio, ¿dónde lo dejamos con este proyecto?

Solidaridad, esos pueblos que ahorita están pidiendo a gritos que les pongan un servicio y no llega a ellos, como comunidades que yo conozco, donde tienen varios años de estarlo solicitando, y a pesar de que tienen la oportunidad y la esperanza que sea posible, porque han creído en el ICE, ¿ahora cuál ICE? Un Instituto que ya no va a ser más que una empresa, igual que todas las privadas, nada más que bajo el.... o... bajo el ordenamiento jurídico que es Derecho Público, nada más, pero tienen que operar en la igualdad de condiciones que operan las demás empresas.

Aquí no se ha defendido la solidaridad, el beneficio del usuario, la transparencia, aunque haya un proyecto que diga cosas muy bonitas, este proyecto es para millonarios, este proyecto no es para las mayorías costarricenses y si alguien de este país me está escuchando, debe ponerse a estudiar el proyecto con el debido cuidado.

Esa publicidad, ¿cuál publicidad? Si aquí más bien lo que no se quiere, donde pasan todas estas mociones sin discusión, cero publicidad, si alguien escucha o quiere leer, por qué un diputado la votó a favor o en contra, cero, nadie lo puede saber.

No discriminación. Optimización de los recursos escasos, que eso es parte de lo que es el servicio público.

Privacidad de la información. Una moción que ayer se presentó reiteradamente y fue rechazada, sin estudiarla, sin discutirla, a pesar de que explicamos con claridad, por qué esas mociones deberían quedar.

Sostenibilidad ambiental. Vaya, cuando esto se abra a la voracidad del inversionista que viene a este país, no a hacer servicio social, sino a sacar ganancias, yo me pregunto, ¿quién va a sostener esa avalancha de gente deseosa de invertir y ganar en sumas grandes?, ¿quién va a sostenerlos, para evitar el daño al ambiente, si actualmente siendo el mismo Estado, siendo nosotros mismos los que los administramos, cuesta?

Equidad. Yo quisiera saber en la inteligencia de cualquier ciudadano costarricense, ¿dónde puede estar la equidad, cuando esto pase a manos privadas?, ¿de qué equidad estamos hablando?

Y ahí una serie de principios sobre la naturaleza de las telecomunicaciones, como se han venido llevando, como un servicio público, servicio público, no servicio disponible al público, como tantos alegan aquí, diciendo que eso se debe llamar servicio disponible al público, al igual que queda un Roll Roice, al igual que queda un televisor de cincuenta pulgadas, cualquiera puede servirse de él, donde este, si lo puede pagar, si no puede pagarlo no.

Esa es la situación en que estamos cayendo en desgracia en este país, donde los que estamos aquí, las generaciones que hemos vivido, este Costa Rica del cual estamos enamorados, y más los que vivimos en la parte campesina, cuando esperanzados, siempre íbamos al Instituto Costarricense de Electricidad y pedíamos esos servicios, talvez había un retraso, pero la comunidad se organizaba y lo lográbamos.

Hoy, si esas comunidades no tienen millones de colones o de dólares y si esas comunidades no tienen una empresa multimillonaria que le exige al Estado que le preste el servicio, a esas comunidades pasarán cientos de años y no van a tener el servicio, porque ahora es la parte fuerte del mundo, la parte económica, la parte de gente pudiente, los únicos que van a poder hacer esto.

Lo que criticábamos antes de otros países y de lo que nos podíamos enorgullecer los costarricenses, que aquí todos teníamos el derecho de tener ese servicio.

Hoy, aquí hay defensores de eso, cambiaron su ideología, le dieron vuelta a lo que pensaban, ya no son orgullosos de lo que teníamos, ¿por qué?

Al igual que yo, muchos costarricenses se preguntarán ¿por qué?, ¿por qué han cambiado después?, ¿por qué antes eran orgullos de lo que teníamos y hoy en día quieren destruirlo?, ¿a beneficio de quién?, y lo he repetido muchas veces, a beneficio de unos pocos, en perjuicio de las mayorías costarricenses, hicimos este Castillo, hicimos toda esta riqueza, este patrimonio que se llama el Instituto Costarricense de Electricidad, y hoy unos cuantos deciden quién saca provecho de esa riqueza, y a muchos ni pena les da y a algunos cierta pena, pero no la manifiestan, porque aquí es el poder económico a través de don Óscar Arias Sánchez, el que se vendió en Guatemala en el 2005, a él es que responden, nadie más, y por eso estamos perdiendo un patrimonio valiosísimo, hasta la identidad costarricense estamos perdiendo y aquí no hay para decirle: don Óscar, no, no vamos a regalar lo que es nuestro.

En cambio, los que hemos venido luchando nos acusan de obstruccionismo, ¿cuál obstruccionismo?, el pueblo de Costa Rica lo está viendo hoy, decidieron ustedes cuántos minutos podíamos discutir, decidieron ustedes callar, por vergüenza o por lo que fuera decidieron guardar silencio para que pasara esto lo más rápido posible y decidieron que día se termina esto, le pusieron días.

¿De dónde está el obstruccionismo?, 29 de febrero, ¿cuál 29 de febrero? Falta un proyecto que lo han venido anunciado meses y no está aquí en la corriente legislativa, han sido desinteresados en todos los proyectos que aquí se discuten, bueno, nosotros tratamos de discutirlo y aquí estamos enfrentados ahora a la posibilidad de lo que hemos venido defendiendo, queriendo y de lo que nos sentimos orgullosos desaparezca.

Entonces, sí, vamos a ver las tarifas vamos a verlas subir, porque las empresas privadas que vengan, por lógica buscarán el lucro y las ganancias, el Instituto Costarricense de Electricidad como servicio público no lo podía hacer, por eso los costarricenses pagamos uno de los servicios más bajos del mundo, bueno, vamos a ver qué pasa después.

Las telecomunicaciones serán vistas como una mercancía más no como un servicio público, y como mercancía la compra el que puede pagarla y el que no puede pagarla sencillamente no tendrá ese servicio.

Al ICE se le quitarán las concesiones que de pleno derecho posee y se le darán a los privados, es decir, lo nuestro, los que voten este proyecto están regalando lo nuestro a los hombres más ricos del mundo, y ya aquí todo mundo sabe quién es Carlos Slim y qué está pretendiendo, solo Costa Rica le queda atravesada en Latinoamérica.

Pero, bueno, era nuestro, lo disfrutábamos y a unos pocos se les ocurre que hay que entregárselo a los ricos más ricos del mundo para que saquen provecho en perjuicio de todos los costarricenses.

Deseara continuar, pero, veo que se me ha terminado el tiempo.

Muchas gracias, señor Presidente.

DIPUTADA LESVIA VILLALOBOS SALAS:

Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados.

Yo me voy a referir por el fondo a este proyecto de ley, que de hecho y de antemano se sabe que votaré en contra, porque no estoy de acuerdo.

En relación con el proyecto de ley de telecomunicaciones, considero importante como punto de partida de mi exposición hacer un breve repaso de nuestra historia constitucional.

Recordemos que el texto base que se utilizó para las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente 1948-1949 fue la constitución liberal de 1871; sin embargo, los diputados constituyentes mantuvieron en el nuevo texto constitucional las garantías sociales que se habían incorporado desde el año 1942 a aquella constitución.

En consecuencia, Costa Rica a partir de la promulgación de la nueva constitución ya no sería más un clásico estado liberal, que se limita a ser un mero espectador de la actividad económica, al punto que incluía un concepto ilimitado de propiedad y permitía el ejercicio irrestricto de la libertad empresarial, sino que, precisamente, en virtud del capítulo de garantías sociales, que dicho sea de paso se insiste que se había incorporado desde 1942, nos transformamos en un Estado Social de Derecho, un estado de bienestar, que, aunque obvia y lógicamente garantiza los derechos políticos, y civiles, y en general la dignidad y la libertad de la persona humana, también tiene como imperativo, según el artículo 50 constitucional procurar y (abro comillas) “el mayor bienestar a todos los habitantes del país, y el más adecuado reparto de la riqueza y en armonía con el artículo 74 constitucional debe perseguir la realización del principio cristiano de justicia social; en otras palabras, estas normas propician la justicia distributiva.

Ahora bien, estas normas constitucionales inspiraron a nuestros gobernantes por décadas a adoptar políticas públicas dirigidas a la institucionalización del Estado Social de Derecho, así pues, la creación de instituciones como el Consejo Nacional de la Producción, la banca nacionalizada y el Instituto Costarricense de Electricidad, entre otras, son claros ejemplos de políticas sociales, además de la importancia que se le dio a la salud y a la educación, procurando los más altos niveles de cobertura posibles en estos servicios, todo esto se encaminó a lograr un adecuado reparto de la riqueza.

Es en este marco jurídico-político que los servicios de telecomunicaciones vienen a formar parte de nuestro estado solidario, pues, ha sido una meta que la población en general acceda a estos servicios a bajos costos utilizando para ellos el mecanismo de subsidios cruzados, siendo una manifestación clara de bienestar.

Cabe indicar que esto ha sido posible, porque la actividad de las telecomunicaciones se ha calificado como un servicio público, lo que ha permitido incorporar los principales fundamentos del servicio público previstos en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, que son asegurar continuidad, garantizar su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal, o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, y hay que agregar el principio de no discriminación que en nuestra Constitución se encuentra en el mismo artículo 33 que consagrada el principio de igualdad.

De tal manera, que se podría decir que estos dos principios son dos caras de la misma moneda, porque difícilmente podrían existir uno sin el otro.

Estos principios van dirigidos a que se satisfagan las necesidades de toda la población, con el fin de lograr los mejores niveles de calidad de vida. No obstante, con este proyecto de Ley general de telecomunicaciones, que sería una de las leyes de implementación del Tratado de libre comercio, con los Estados Unidos, las telecomunicaciones pierden ese carácter de servicio público concibiéndose como una simple actividad mercantil.

Así pues, los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad que se incluyen en el proyecto de ley, que nos ocupa, son primordiales para la preservación del estado de bienestar, pero no como lo concibe la mayoría parlamentaria que apoya este Tratado, pues en este grupo se privilegian las leyes del mercado, la oferta y la demanda, y en esta actividad, la solidaridad, entonces, viene a ser un concepto secundario que pasaría a un segundo plano, por ende, tanto este como los otros objetivos no tienen contenido alguno, situación que es política y económicamente inconveniente, porque insisto, nuestra Carta Magna prevé las garantías sociales.

Por cierto, si partimos del Estado Social de Derecho, estos objetivos deberían verse a la luz de los derechos humanos, entonces, se procuraría, primero, realizar el objetivo de acceso universal y luego un servicio universal para finalizar con la solidaridad que tiene, como fin, propiciar un orden en el cumplimiento real y efectivo de una cobertura total en estos servicios de telecomunicaciones, situación que difícilmente se podría lograr en este proyecto de ley.

A propósito de los objetivos en comentarios, es oportuno recordar que en la convocatoria a los y las costarricenses 2006–2010, el Partido Acción Ciudadana se indicó lo siguiente, (comillas) “suministrar los servicios de electricidad e infocomunicaciones bajo el concepto de acceso universal, servicio al costo, y cobertura en todo el territorio nacional, de manera... de esta manera se brinda el acceso de nuevas tecnologías a la sociedad en su conjunto, permitiendo así el desarrollo de nuevos ciudadanos que puedan enfrentar las amenazas y oportunidades que trae consigo el entorno internacional. Ofrecer los servicios con tecnología de punta a bajos costos y de alta calidad a escala mundial, para que se constituyan en ventajas competitivas del país para el desarrollo empresarial, especialmente de nuestras pequeñas y medianas empresas” (cierro comillas).

Nuestra posición de crítica constructiva de este proyecto de ley es una muestra de que hemos sido contestes con el pensamiento del Partido Acción Ciudadana, en este mismo orden de ideas, cabe decir que el proyecto de ley que discutimos en lo que al desarrollo y logro de objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad se refiere, solidaridad, perdón, se refiere establece que el Poder Ejecutivo por medio de un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones definirá las prioridades y establecerá las metas necesarias.

Además, se prevé que ese Plan contendrá una agenda digital que servirá como elemento estratégico para, entre otras cosas, el disfrute de la sociedad, de la información y el conocimiento y también se indica que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones contendrá una agenda de solidaridad digital que garantice esos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital.

El grupo de los treinta y ocho deja a la Superintendencia de Telecomunicaciones definir las obligaciones y ejecutar los proyectos a que se refiere el artículo 39, que es la norma que regula las formas de asignación del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, precisamente para financiar las obligaciones de acceso y servicio universal que se impongan a los operadores y proveedores en sus respectivos títulos habituales.

¿Se me venció el tiempo, señor Presidente?

DIPUTADO JOSÉ JOAQUÍN SALAZAR ROJAS:

Gracias, señor Presidente; buenos días, compañeros y compañeras diputados y diputadas y pueblo de Costa Rica.

Al iniciar la discusión, por el fondo, en primer debate de esta Ley general de Telecomunicaciones, impuesta por el Tratado de libre comercio, reafirmo una constante verdad que el PAC proclama a la ciudadanía desde el 7 de octubre, el PAC ha aceptado el resultado del referéndum, el TLC es Ley de la República.

El señor presidente, don Óscar Arias, debe limitarse a notificarlo a la OEA antes o a más tardar el 29 de este mes de febrero, así de simple, si no lo hace recae sobre él única y exclusivamente la responsabilidad de cualquier problema, costo, conflicto ulterior que se derive con el Tratado para el país, hasta incluso incumplirse la voluntad popular emanada en las urnas del referéndum.

La supuesta necesidad de solicitar prórroga es inducir al Presidente a que haga el ridículo tal y como lo alertó el ex ministro del Cómex el señor Manuel González. Recordado esto, abordo mi criterio sobre esta ley, sobre este proyecto, de telecomunicaciones importantísima para el país que pasará a la historia si lamentablemente ustedes terminan aprobándola como está, como un elemento más del conjunto de decisiones que socaban y estremecen al modelo solidario de Costa Rica en la ruta de darle el golpe de gracia para que sucumba y desaparezca, esta fecha pasa a ser de luto nacional para la historia.

Responsablemente la Fracción del Partido Acción Ciudadana consciente de esa realidad y sin admitir presiones por supuestos existentes plazos límites para las leyes de implementación, dio la lucha patriótica, en el marco del respeto a la institucionalidad, y las posibilidades que nos permiten la Constitución y el Reglamento, para mediante mociones con abundantes argumentos y sólidos criterios buscar convencer y sensibilizar para mitigar el proyecto y exhortar sobre cualquier tipo de ley, con bien, y merece este país en telecomunicaciones,

Simultáneamente fuimos vigilantes en exigir el respeto al voto ciudadano, no admitiendo que esta ley fuera más allá de lo que demanda el TLC y ¿qué encontramos como respuestas del G-38 y el Ejecutivo?, silencio, oídos sordos, argumentos, descalificaciones por el número y no por la calidad de las mociones, desprecio a iniciativas alternativas como la desarrolladas por la Universidad de Costa Rica, que la naturaleza académica está ajena a ubicarse en este tema a cualquier interés más que los superiores de la patria.

Por el contrario, quisieron meter gato por liebre, con la telefonía fija, nuestra presión y denuncia ayudó, pero especialmente y así lo debe saber la ciudadanía fue la presión de los... de sus indudables jefes externos, las cámaras empresariales y La Nación que los obligó a echar para atrás.

Su trámite, por vía rápida, es una expresión contundente del irrespeto a la institucionalidad del país, por medio del mecanismo espurio aplicado el artículo 208 bis del Reglamento legislativo.

De la manera más baladí y contradictoria, los defensores de la apertura alegan que el 208 bis sí se puede aplicar al rompimiento del monopolio de las telecomunicaciones, con el argumento de que ese monopolio no es monopolio, lo cual desnuda, de cuerpo entero, la burla a la institucionalidad.

Los mismos diputados que apoyan este proyecto, se desmienten a sí mismos, en el dictamen positivo de mayoría aceptan que las telecomunicaciones son un monopolio, así lo establecen en la página 4.

No nos cabe duda que la Sala Constitucional hará respetar oportunamente lo pertinente. El presidente Arias nunca respondió a don Ottón Solís, este directo cuestionamiento de irrespeto a la Ley y como se lo manifestó don Ottón al señor Presidente, y dice: Alegar como lo hacen ahora algunos proponentes de la apertura, que el 208 bis se puede utilizar para las telecomunicaciones porque no se trata de un monopolio estatal, sería un acto del más odioso cinismo.

Usted, señor Presidente, usted mismo ha denunciado, en reiteradas ocasiones, esa condición. Como entienden los abogados, a confesión de parte relevo de pruebas.

En otro orden de inconsistencias en relación a este proyecto, el TLC estipula una gradualidad en la apertura del sector de telecomunicaciones, que no se contempla en esta iniciativa de Ley, su cuerpo normativo omite la cacareada oferta a la ciudadanía en ese sentido y que se establece, claramente, en el preámbulo del anexo 13 del TLC, esto burla a un pueblo al que siempre se le dijo que la apertura sería sustentada en tres pilares: gradualidad, selectividad y regulada, en estricta conformidad con los objetivos sociales de acceso universalidad y solidaridad.

El modelo de apertura regulada que, se dice, adopta el proyecto, no caracteriza las telecomunicaciones, como servicio público. El proyecto no respeta ni la gradualidad, ni la selectividad de la apertura.

Por lo tanto, excede los compromisos asumidos en el TLC y lo que dijo el pueblo de Costa Rica el 7 de octubre.

El TLC estipula la creación de un fondo de subsidios que proteja una parte, aunque mínima, de los principios de solidaridad y universalidad, que han prevalecido en el acceso a este servicio.

En Estados Unidos este fondo es del diez por ciento de la facturación de cada operador, por lo que no objetaría uno del nueve por ciento, como el que el PAC ha defendido.

Sin embargo, el Gobierno y el G-38 se han empeñado en que ese fondo no exceda el uno punto cinco al tres por ciento, excediéndose, de ese modo, a lo votado el 7 de octubre en el referéndum y convirtiéndose en defensor no de los costarricenses de menores recursos, sino de los intereses de las corporaciones multinacionales, que son las que tendrían que pagar este canon.

Ahí se constata que este proyecto se orienta a cumplir una clara visión ideológica con un objetivo primario, orientar el servicio de telecomunicaciones de un servicio público solidario y generador de movilidad social a un enfoque de servicio disponible al público.

Se traduce en una mercancía, donde el precio, el lucro, la utilidad y el cliente son pilares de acción, gestión y eficacia.

El ciudadano se convierte en cliente a los que se les traslada los costos haciéndolo sujeto que paga y no objetivos de la sostenibilidad del sistema, con ello la Ley se aleja de la perspectiva de derechos humanos, que viene defiendo el sistema.

El ICE deberá pagar al menos seiscientos millones por el costo del espectro radioeléctrico que hoy no paga, eso será trasladado al consumidor.

Por otro lado, la tasa de reserva de las ondas electromagnéticas que ronda los setecientos millones de dólares, que el ICE deberá cancelar anualmente, más la obligación de pagar impuestos sobre la renta, colocarían a la institución en una situación de quiebra, a un plazo no muy largo, pues, ambos cobros anuales suman una cantidad mayor al presupuesto de telecomunicaciones.

Señores diputados y diputadas, quiero, también, dejar patente una alerta, una preocupación y llamada de atención de técnica jurídica y técnica legislativa. Este proyecto, expediente 16.398, contiene en su artículo 6, capítulo de Definiciones, el concepto sobre qué se entiende por Sutel como Ente Regulador.

No obstante, en el cuerpo normativo del proyecto, en su articulado en ningún lado se establece la creación de esa Superintendencia de Telecomunicaciones.

Sin embargo, es reiteradamente usada disposiciones que establecen funciones o referencias a Sutel.

Por eso no es norma jurídica consolidada, es apenas una expectativa, para que se dé como un hecho jurídico la Sutel, con esto me someten como legislador a tomar una decisión que lleva implícito inseguridad jurídica, me inducen a prueba y a error, Sutel es para el contenido de este proyecto, un fantasma, solo lo define pero no existe. Es una verdadera incoherencia.

Así ha sido este proceso de las leyes de implementación, la ligereza, el atropello para cumplir ciegamente tiempos, ni siquiera les permite ver, a los impulsores de estos proyectos, estas aberraciones de contenido y someter al legislador a aprobar inconsistencias jurídicas.

DIPUTADO JOSÉ QUIRINO ROSALES OBANDO:

Muchas gracias, señor Presidente; buenos días, compañeras y compañeros diputados.

A veces uno viene aquí con una noción de lo que va a exponer referente al tema específico, en este caso la Ley de telecomunicaciones, pero ciertas intervenciones llegan y le hacen y le cambian a uno la estructura, pero que es muy pertinente tomarlo en consideración y aclararlo.

En días pasados, en la defensa de una de mis mociones, hice referencia al concepto de monopolio, hice referencia también a la interpretación que el señor Presidente de la República hizo en la nota, que le envió a don Ottón Solís, con respecto al 208 bis.

En esa ocasión, puse ante ustedes mis opiniones sobre dicha interpretación; lamentablemente, yo vengo aquí hoy a escuchar a doña Lorena Vásquez y vengo a escuchar a doña Mayi Antillón repetir exactamente lo mismo que dice ahí. Y dicen, entre otras cosas, y ponen si el monopolio... si un monopolio o es de hecho o es de derecho.

Compañeras y compañeros diputados, monopolio es monopolio y punto, no hay tal interpretación de que cuando hay un único vendedor en el mercado, ¡un único vendedor en el mercado!, hay que definir si es monopolio o no es monopolio. Pero la controversia con la cual se viene aquí a jugar, la controversia con la cual se viene aquí a jugar es que, si este que estamos hablando en este momento es de derecho o es de hecho, y yo no entiendo, no entiendo el porqué.

En primer lugar, es un monopolio de hecho, ahí está, es único, no hay ningún otro oferente en el mercado de telecomunicaciones, pero es un monopolio de derecho también, si no, lean. La Ley 3222... 26, perdón, del 26 de octubre de 1963, que adiciona el inciso h) al Decreto 449, en su último párrafo dice: ...para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión correspondiente por tiempo indefinido. Es un monopolio de derecho también, es el único y es un monopolio de hecho también porque es el único que está en el mercado.

Lo que pasa es que aquí se ha hecho un juego de interpretación del concepto de monopolio, que, en última instancia, lo considero como una leguleyada, que retuerce los conceptos de la Teoría Económica. Y a mí me gustaría aquí que dijeran en qué tratado de la Teoría Económica establece diferencias bajo el concepto de único vendedor en el mercado.

Este tipo de interpretaciones a mí me parece como si una pareja tiene un solo hijo, ese es hijo único, pero si esa pareja tiene la potencialidad de tener otros hijos, que los tenga o sean adoptados, entonces, a ese hijo único que tienen en ese momento ya no lo vamos a llamar hijo único, ¿cómo es eso?, ¿cómo es eso desde el punto de vista de interpretación? Si es único, es único, lo hablemos desde el punto de vista de hecho o desde el punto de vista de derecho, y en el caso del monopolio de telecomunicaciones, es de hecho y es de derecho. Y el cuentito de que es un bien demanial, no importa, no importa. El cuentito de que no hay otros porque no hay una ley o porque no hay otra concesión dada por esta Asamblea Legislativa, no importa, sigue siendo único en el mercado y no varía el concepto.

Entonces, por eso es que mi posición sigue manteniéndose, aplicar el 208 bis para apertura de monopolios es incorrecto, porque el 208 bis no habla de monopolios de derecho o de hecho, el 208 bis habla de monopolios nada más, y yo creo que es un aspecto al que debemos nosotros ponerle mucha atención, porque estamos jugando con los términos, estamos jugando con las teorías, estamos jugando con los conceptos y estamos, en última instancia, mintiendo. Si no, compañeras y compañeros, con todo respeto, con todo respeto, demuéstrenme aquí, en este Plenario, que estoy equivocado, pero demuéstremelo no leyendo leguleyadas como esas.

Y los estimados juristas de la Sala Cuarta que interpreten los aspectos jurídicos, no los conceptos económicos. Qué me pasaría a mí si voy a interpretarles qué es penal y qué no es penal, o si voy a interpretarles otros términos que les corresponden directamente a ellos.

Quería hacer esta aclaración porque, realmente, me preocupa que se continúe en un tema que, diay, en última instancia y en la plena realidad, en los documentos, en los hechos y en el derecho está ampliamente demostrado.

Otro aspecto, que he considerado el día de hoy tocar, de importancia, vean, compañeros y compañeras, Costa Rica no es solo el territorio, Costa Rica no es solamente su gente, Costa Rica es sus instituciones, Costa Rica es su sistema, Costa Rica es su modelo, que podamos mejorarlo, que podamos cambiarlo, que podamos hacer variaciones, es necesario, es dinámico, pero es todo un conjunto, y como todo ese conjunto que somos, así nos ven en el resto del mundo, entonces, a mí me ha preocupado, y a muchos nos ha preocupado, la forma en cómo se ha venido manejando el término de democracia aquí, en este Congreso.

Si vamos a hablar de democracia, diay, al final, de cuál democracia hablamos. Para nosotros estamos hablando de una democracia participativa, nosotros no estamos hablando de ningún otro tipo de democracia. Pero, mejor vamos a buscar al final qué es lo que dice, por si acaso tengo mis dudas, por si acaso tengo mis dudas.

Término “democracia” proviene del antiguo griego y fue acuñada en Atenas del siglo XV antes de Cristo, a partir del vocablo “demos” que puede traducirse como pueblo, y “kratos” que puede traducirse como poder o gobierno. En sentido estricto, la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, el pueblo decidió quién es el Presidente de la República y ahí está. El pueblo decidió cómo iba a estar conformada esta Asamblea y aquí está. El pueblo decidió que fueran ocho fracciones, y eso lo decidió el pueblo, ¿verdad?

Y, por el otro lado, dice por mecanismo de participación directa o indirecta que le confiere legitimidad al representante. ¿Quién tiene aquí más legitimidad que quien? ¿Algún compañero o compañera de otra fracción es más legítimo para actuar o legítima para actuar, en este Plenario, que yo? ¿O yo tengo más legitimidad que cualquiera de ustedes? ¡No! El pueblo nos eligió a todos y el pueblo decidió, y el pueblo decidió que aquí no existieran mayorías, que aquí todas fueran minorías, y en el caso de que se quisiera... que existieran mayorías, ahí están los acuerdos. Y aquí se ha hablado del g-38 y se habla, entonces, de que esa es la mayoría. Pero si ese fuese la mayoría, las mayorías son sólidas, las mayorías deben ser contundentes, las mayorías deben tener el faro que les oriente el horizonte hacia donde van.

El problema de estas mayorías, que se han construido hoy aquí, es que no tienen faro y la primer luciérnaga que aparece las mueve para un lado y para otro. ¿Cierto? Por eso es que aquí, desde esta curul donde estoy, observo esa ventana y veo cuando se corre a negociar allá enfrente, y digo algo va a salir de ahí; de pronto, uno no está; el otro, puso una condición, entonces, no estamos hablando realmente de mayoría aquí, seguimos siendo todas y cada una minorías, y la verdadera construcción de las mayorías, en este Congreso, todavía no se ha dado.

Muchas gracias, señor Presidente.

DIPUTADO FRANCISCO MOLINA GAMBOA:

Gracias, señor Presidente.

Bueno, hoy estamos en la discusión ya por el fondo de este proyecto tan comentado durante todo el proceso del referéndum y todavía tiempos atrás.

Yo creo que hoy lo que a uno le cabe es como tratar de hacer una reflexión, uno quisiera hablar un poco de la Costa Rica que teníamos, pero, bueno, pareciera que ya legislativamente este es un tema que va a quedar en el recuerdo y uno a veces se pregunta un poco, bueno, está bien, partamos del hecho de que Costa Rica decidió que vamos a cambiar el rumbo y vamos a ingresar a la apertura de las telecomunicaciones, entonces, uno hace algunas reflexiones cuando empieza a leer el proyecto de ley, y yo quisiera, verdaderamente, encontrar un proyecto de ley donde el ciudadano siga siendo importante, donde el costarricense -y cuando hablo del costarricense hablo de los que estamos aquí, pero también los que están lejos de aquí- hablo del empresario que hoy tiene necesidades de comunicación en el mundo, pero también hablo de esos niños hoy que nacen en hogares muy pobres y que el no tener acceso a estos medios podrían estar condenándolos a ellos a seguir en este estado de pobreza.

Entonces, yo empiezo a hacer esas reflexiones, ahora mi compañero José Luis Valenciano hablaba del tema del porcentaje de la universalidad, y aquí han dicho que Costa Rica hoy invierte en siete... el nueve por ciento y que este es un proyecto que nos va a limitar, nos va a disminuir al dos por ciento, pero digamos que los datos del ICE, voy a aceptar la duda, no lo tenemos muy claro, pero cuando ve lo que hacen países desarrollados, países que hoy el ingreso per cápita es muchas veces mayor que el nuestro, donde los indicadores económicos de ellos en todos los sentidos son mejores que los nuestros, hoy esos países están invirtiendo en universalidad, en acceso a toda la población de los servicios de telecomunicaciones, servicios de Internet, y esto no es casualidad, esto no es por antojo de un grupo de diputados que hoy dicen, no, mire, no queremos esto, es porque si queremos tener movilizadores sociales verdaderos para toda la sociedad costarricense no podemos perder el modelo que nosotros hemos tenido.

Cuando visita uno algunos países centroamericanos y uno cuenta el acceso en Costa Rica, cuando uno cuenta lo que cuesta aquí un mensaje electrónico la gente se ríe, yo les decía a unos centroamericanos que en Costa Rica lo más barato que hay no es un confite, no es un alfiler, no es nada de eso, es un mensaje de correo de teléfono de mensaje electrónico.

Bueno, eso son cosas que ellos no comprenden y que, talvez, a Costa Rica la ha hecho diferente, pero insisto, aún dentro del plano de la apertura, uno habría preferido una ley donde existiera más protección a los consumidores, talvez la misma protección que hoy se le está dando a los que vienen a invertir en sus empresas.

Estamos saliendo de una Costa Rica donde las tarifas eran al costo, que no solo era el costo, sino que al ser una sola institución sus economías de escala son mucho más amplias, lo cual disminuye totalmente esos costos.

Venimos saliendo de una época donde su Junta Directiva no preguntaba cuántos millones nos vamos a ganar este año, sino que la pregunta era en cuánto podemos aumentar la cobertura de los servicios en todo el país, donde sus estrategias no era cómo llegar a los mercados más rentables, sino cómo de los mercados más rentables sacar nosotros dinero para poder llevárselo a los mercados que no son rentables.

Cuando yo veo, leo el proyecto de ley, compañeros, no miro esa Costa Rica. Yo quisiera, aún, encontrar en este proyecto de ley esa Costa Rica donde entre usted menos tiene es más barata la tarifa telefónica, la tarifa de electricidad, como este país ha crecido, donde las telecomunicaciones nunca fueron un negocio, las telecomunicaciones en Costa Rica, compañeros, fue desarrollo para los costarricenses.

Entonces, uno dice, bueno, hace uno la lectura nuevamente del proyecto de ley y cuando uno lee el proyecto de ley pareciera que el ICE verdaderamente es esa gran empresa dominante, esa gran empresa que tiene todo el poder y que los van a venir son como pulperías pequeñitas que tenemos que colaborar con ellos, pero eso no es así. Si hoy el ICE tiene un millón de usuarios, posiblemente esas empresas, las más pequeña, tenga cincuenta millones o más.

Entonces, uno dice, ¿por qué?, y son las preguntas que uno hace, por qué después de tantos años de solidaridad donde construimos una red a nivel nacional, donde el ICE hizo gran infraestructura y que ha sido exitosa a pesar, a veces, de las mismas administraciones del ICE, ¿por qué hoy tenemos que dar al costo la utilización de esto?

Entonces, esas son las cosas que uno analiza, dice: bueno, a los ciudadanos antes les vendíamos al costo, ahora no, ahora resulta que la tarifa es los costos más la utilidad promedio de la región. Y qué cosa, uno dice, por qué a una empresa tenemos que garantizarle la utilidad.

Cuándo un costarricense pone aquí, va y siembra papas y le dice el Gobierno: mire, usted se va a ganar el costo de toda la siembra de papas más el promedio de lo que gana un agricultor en los Estados Unidos. Esa es una Costa Rica que uno a veces no entiende, pero a la gran empresa sí le decimos: señores, aquí están todas estas instalaciones, aquí está toda la infraestructura del ICE, ahora sí, usémosla al costo.

Cuando yo leo este proyecto, entiendo a veces porque Latinoamérica no sale de donde está, porque a veces experiencias exitosas en Europa y en otros países, lo que hacemos nosotros es tropicalizarla, entonces, lo que podría ser una herramienta de desarrollo, lo que podría ser un mercado competitivo lo convertimos en el negocio de unos pocos políticos que han ido tomando toda la zona de Latinoamérica y transformando algo que era desarrollo en algo que es negocio, independientemente quién se quede afuera.

Yo, cuando escucho a los compañeros con esos discursos tan bonitos, digo yo: qué bonito, ojalá pudiéramos llegar a vivir en esa Costa Rica. Pero yo hago la pregunta cuando leo este proyecto de ley: ¿quién hizo este proyecto y para quién se hizo?

Yo, difícilmente me imagino que este proyecto de ley cuando se hizo lo hizo un grupo de costarricenses preocupados por Costa Rica. Ahí uno puede ver la mano, diay, de los empresarios, de quienes no importa que vengan y como dicen los compañeros libertarios: bueno, a mayor competencia mejor, pero, adónde está la competencia en este proyecto de ley cuando estamos garantizando las tarifas mínimas a los que vienen a invertir, eso no es competencia.

Qué curioso, dice que permitimos las fusiones de las empresas para evitar que se vayan del país, pero será por eso que las empresas se fusionan o será que cuando se incomodan una con otra mejor te compro bien caro, aunque te pague más de lo que vales, pero yo puedo subir la tarifa, entonces no importa pagarte caro si lo que yo estoy pagando es espacio en el mercado.

Entonces, hablamos de competencia y el mismo proyecto viene y permite las fusiones. Y yo digo: qué raro, venimos y hablamos del tema, ah, es que la banca de Costa Rica se abrió y con todas las deficiencias que tienen los bancos, pero no han llegado al extremo de decirle a los bancos del Estado y a los bancos privados: bueno, vamos a garantizarle un mínimo de porcentaje en la intermediación de los fondos, no, ahí los bancos están luchando entre ellos y buscando a ver, y usted como costarricenses puede ir ver y ver cuál es que presta a menos interés.

Pero compañeros, cuando uno lee este proyecto de ley, definitivamente ni es la Costa Rica que teníamos, ni la que ustedes andan diciendo por todo lado, esta va a ser la Costa Rica de un grupo de empresarios y para muestra el resto de Latinoamérica.

Muchas gracias, señor Presidente.

DIPUTADA PATRICIA QUIRÓS QUIRÓS:

Gracias, señor Presidente.

Buenas tardes, más bien, buenas noches, compañeras y compañeros.

Me parece que es importante recordar el contexto social en que se crea el Instituto Costarricense de Electricidad y, efectivamente, el ICE fue creado principalmente en el tema de energía y telecomunicaciones.

Los logros alcanzados por esta institución, comparados al resto de América Latina revelan que a pesar de los obstáculos enfrentados en años recientes, se ha mantenido una dinámica positiva de modernización tecnológica y de amplia cobertura a costos asequibles para los sectores menos favorecidos de la sociedad costarricense.

El ICE es concebido como un instrumento fundamental en lo económico y lo social, como instrumento estratégico para el desarrollo nacional, la distribución de la riqueza y la conformación de un mercado interno. Este modelo ha permitido hasta el momento al ICE enfrentarse a los retos de la globalización con un éxito resonante, sin haber renunciado al Estado benefactor y al Estado Social de Derecho y sin romper el esquema solidario y competitivo del ICE, tal y como lo están pretendiendo algunos grupos.

Ya en la historia el ex diputado liberacionista Guido Alberto Monge Fernández, en el acta número 23 del 29 del 12 del 99 del Plenario, refiriéndose a un tema similar manifestó lo siguiente (abro comillas): “Tenemos que decir hoy que en el tema de telecomunicaciones no existe claridad aún sobre el modelo que se desea construir en el campo de las telecomunicaciones. Nos parece y lo decimos con transparencia que solo queda en evidencia, a nuestro juicio, el proceso de apertura; el concepto de servicio universal tampoco es claro. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda categoría, toda la sociedad debe tener acceso y este proyecto no garantiza eso, por lo menos no como está en la versión que se está discutiendo.” (Cierro comillas.)

Hay que comprender y entender que con este proyecto se daría el rompimiento del servicio universal de las telecomunicaciones para favorecer a un grupo reducido de ciudadanos, provocaría la concentración de la riqueza para ese grupo y el fracaso del modelo, concentración de la riqueza por parte de las transnacionales y una inequidad en la distribución interna del ingreso. Este fracaso amenazante ha sido ya reconocido por los mismos propulsores de la reforma en otras latitudes, reconocido por el Vicepresidente del Banco Mundial, reconocido por autoridades políticas importantes en los países que la han practicado. Ya los ensayos de este tipo de aperturas ha fracasado y ha sido porque no lo han llevado como un modelo regulatorio integral, siendo ese un vacío de los impulsores de este proyecto.

Nuestro país, como todos sabemos, cuenta con infraestructura de telecomunicaciones y también de electricidad en, prácticamente, todo el territorio nacional. Es claro, pues, que las diferencias entre las regiones y zonas en cuanto al acceso por parte de los hogares a los servicios básicos de telecomunicaciones, derivan principalmente de los desequilibrios existentes en lo que respecta a pobreza y a nivel de ingreso del país.

Es lógico que las regiones y zonas con menor poder adquisitivo tienen un menor acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones. Estas desigualdades en el acceso a dichos servicios, posiblemente, serían más amplias si en nuestro país no se hubiesen puesto en práctica los principios de universalidad y solidaridad; sin embargo, la labor realizada por el país en materia de telecomunicaciones, le ha permitido ocupar lugares intermedios en lo que respecta a índices publicados por organismos internacionales, tales como el de la competitividad o el de disponibilidad de la red, elaborados por el Foro Económico Mundial.

En lo que respecta al índice de competitividad global, para el año 2006 el país aparece en el lugar cincuenta y tres de un total de ciento veinticinco países. Para este mismo año, el país ocupa la posición cincuenta y seis de un total de ciento veintidós países con relación al índice de disponibilidad de la red.

En nuestro país, pese a las limitaciones políticas que se le han impuesto, ha sido elemento positivo, dentro de la competitividad del país, los grupos que apoyan la apertura de telecomunicaciones, argumentan que esta permite la competencia, la cual, supuestamente, conllevaría a la disminución de las tarifas y mejoramiento del servicio. Pero, como ya he dicho antes, esto es solo una teoría, no funciona en la práctica, la realidad demuestra que los procesos de apertura o privatización en América Latina han llevado a la concentración del mercado, prevaleciendo estructuras monopólicas u oligopólicas y con ello las consecuencias nefastas para la sociedad costarricense.

Con respecto al tema de solidaridad, el proyecto, según ha sido propuesto, no logra la verdadera expresión de solidaridad, ya que este concepto implica que las telecomunicaciones lleguen hasta las personas y familias que no pueden costearse ese servicio al costo real del mismo, siendo asumido su costo por el Estado y subsidiado por el mismo sistema; sin embargo, el modelo, tal y como se propone, no llega a ese objetivo.

Como ya nosotros, en el Partido Acción Ciudadana, hemos señalado, es indispensable conservar los monopolios estatales para la prestación de los servicios fundamentales, para conservar nuestro Estado de Derecho, preservar el principio de solidaridad nacional y justicia social, contemplado en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política, que reafirman el papel del Estado como garante de bienestar ante las inequidades y desigualdades, especialmente en lo que respecta a los derechos fundamentales del individuo y servicios prestados por el Estado, que garantizan a los habitantes una existencia digna y útil para la sociedad. Así, el Estado podría suministrar los servicios de electricidad e infocomunicaciones bajo el concepto de acceso universal, servicio al costo y cobertura en todo el territorio nacional.

De esta manera, se brinda el acceso de nuevas tecnologías a la sociedad en su conjunto, permitiendo así el desarrollo de nuevos ciudadanos, que puedan enfrentar las amenazas y oportunidades que trae consigo el entorno internacional.

Como este proyecto en discusión adolece de estos temas importantísimos, así como de otros bajo la visión que nosotros, los diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, hemos definido en lucha por los intereses de la mayoría de la ciudadanía, es que no aprobaremos este proyecto.

Muchas gracias.

DIPUTADO ALBERTO LUIS SALOM ECHEVERRÍA:

Señor Presidente, señoras, señores diputados y costarricenses.

Como ya se ha dicho aquí, estamos llegando a un momento crucial de esta discusión o decir discusión, perdónenme, pero quizás es decir mucho, quizás hasta ahora estamos oyendo a algunos señores diputados y señoras diputadas de la fracción oficialista y de otras fracciones afines explicitar sus criterios en relación con este proyecto de Ley general de telecomunicaciones.

Pero, estamos llegando, como quiera que sea, a una fase final, quiero decir, en primer lugar, reiterar aquí la ilegalidad de la convocatoria que se nos ha hecho vía el artículo 208 bis del Reglamento.

Muchos de los argumentos en términos económicos los explicitó en la mañana de hoy nuestro compañero diputado José Rosales, que celebro sus conceptos expresados en el Plenario de esta Asamblea Legislativa, sé que incluso, otras señoras y señores diputados de distintas fracciones, aunque no compartan el fondo de sus posiciones, lo han felicitado por la claridad de la misma, yo reitero ahora, también, como compañero de fracción mi felicitación y me uno a sus conceptos.

Pero, además, quiero decir que desde el punto de vista jurídico, y no soy especialista en la materia, pero desde el punto de vista jurídico está clarísimo que telecomunicaciones es un monopolio del Estado.

Tengo a mi vista el artículo 121 de la Constitución en su inciso 14) donde dice, precisamente, que no podrán salir definitivamente del dominio del Estado los servicios inalámbricos, estamos hablando de los servicios que emanan del espectro radioeléctrico un bien demanial del Estado, que no podrá salir del dominio público, del dominio del Estado, de ninguna manera, dice la Constitución.

Y, en todo caso, se establece la forma a través de la cual las únicas vías a través de la cual estos bienes podrán ser entregados en concesión mediante una ley especial o concesión especial otorgada por tiempo limitado.

Por otra parte, si nos remitimos al artículo 46 de la Constitución, donde se habla de los monopolios, de hecho expresión cara para las señoras y los señores diputados, que han querido mediante un subterfugio leguleyesco establecer que aquí se trata de un monopolio de hecho y no de un monopolio de derecho, dice el artículo 46 de la Constitución, que las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial, y bien, ¿me podrían decir señoras y señores diputados, cuál es el efecto de la legislación especial con qué ha contado el Instituto Costarricense de Electricidad, si fuera cierto, si fuera cierto como se ha esgrimido demagógicamente en este Parlamento que es el Instituto Costarricense de Electricidad?, ¿cuál ley especial, señoras y señores diputados?

El argumento cae por su propio peso, aquí ustedes han escogido el camino de convocarnos a sesiones ordinarias y extraordinarias del Primer Poder de la República para impulsar la Ley general de telecomunicaciones, que abre el monopolio de las telecomunicaciones por vía ilegal, pero lo han hecho así para eludir la responsabilidad habida cuenta de que la misma requiere de treinta y ocho votos, que ustedes no tienen, porque dichosamente aquí ha habido una diputada, la diputada Evita Arguedas Maklouf, que habiendo recibido la comunicación de la Procuraduría de la Ética manifestó que si no estaba bien ella para formar parte de la comisión que conoció el proyecto de ley de telecomunicaciones, tampoco lo iba a hacer en el Plenario, y es claro que ustedes no tienen los treinta y ocho votos y han buscado un subterfugio leguleyesco para tramitar esta apertura de telecomunicaciones.

El trasfondo de la discusión aparte de lo legal y las responsabilidades políticas que ustedes asumen ante la ciudadanía y ante la historia se derivan, también, del hecho de que ustedes se han negado reiteradamente a incluir en las disposiciones legales de la ley un precepto que diga que las telecomunicaciones son un servicio público y han acudido, también, a un concepto que han repetido aquí varios legisladores de la fracción oficialista diciendo, las telecomunicaciones son un servicio disponible al público, disculpen la memoria a estas alturas del día.

Y esto, desde luego, que entraña una discusión de fondo que ustedes han eludido en lo fundamental, señoras y señores diputados, porque le están escamoteando al Estado la responsabilidad de que siga manteniendo el servicio de las telecomunicaciones como un servicio público, de carácter público, y por lo cual está obligado a darle a los sectores más necesitados del país la cobertura que demanda la Constitución y que demanda nuestro Estado Social de Derecho.

Pero también nos hemos opuesto y nos vamos a oponer a esta Ley general, a este proyecto de Ley general de telecomunicaciones, porque ustedes han introducido equívocamente el concepto de operadores todos en condiciones de igualdad, prácticamente el ICE vendría siendo apenas un primus inter pares, un primus inter pares que para lo único que va a servir es para tener más responsabilidad, más responsabilidad en un contexto dominado por operadores privados invirtiendo las relaciones conforme a la cual ha vivido esta sociedad, a saber un Estado Social de Derecho, donde las telecomunicaciones han sido fundamentalmente un instrumento al servicio del desarrollo nacional de la solidaridad social.

Igualmente, nos hablan del Fonatel un Fondo constituido, digo yo, a duras penas para sacarle las castañas del fuego a los operadores privados, quienes por sí mismos no hacen inversiones en zonas lejanas del país por no considerarlas rentables.

Ya hemos hablado en otras oportunidades como ese Fondo lo constituyen apenas con un tres por ciento, cuando nosotros presentamos mociones para que se aumentara a un diez por ciento, a un nueve por ciento, perdón, habida cuenta a un ocho por ciento habida cuenta de que lo que hoy gasta el ICE en solidaridad ronda cerca del nueve por ciento. Dimos cifras de que en los Estados Unidos ese monto anda por el diez por ciento.

Señoras y señores diputados, por otra parte, en ese proyecto de ley la tasa de reserva del espectro se constituirá con un fondo calculado en setecientos millones de dólares, esto como lo hemos insistido hasta la saciedad y lo ha explicado nuestra compañera diputada Leda Zamora, obligará a un rebalanceo tarifario, lo cual redundará en una espiral en alzada de precios que recaerá sin piedad sobre el bolsillo de todos los costarricenses.

Termino, señor Presidente, a ello contribuyen, también, los impuestos frente a los operadores que no harán otra cosan sino trasladarlo vías tarifas a los contribuyentes y usuarios.

Por todas estas razones, sin mencionar aquí el capítulo de los negocios que andan por debajo, que lo dejaré para otra oportunidad, quizás cuando discutamos el otro proyecto de Ley de fortalecimiento, nosotros llamamos a una reflexión para que voten en contra este proyecto de ley que, sin duda, si entra en vigencia afectará sensiblemente el bolsillo de los costarricenses de menores recursos económicos y transformará nuestro Estado Social de Derecho en un Estado de capitalismo salvaje.

Muchas gracias.

DIPUTADO RONALD FRANCISCO SOLÍS BOLAÑOS:

Muchas gracias, señor Presidente; estimados compañeros diputados y costarricenses, poquitos, talvez, pero muy costarricenses, que hoy nos están escuchando y viendo.

La verdad es que no hay que preocuparse de ser pocos, Jesucristo empezó con solo doce y vean dónde llegó, pero claros, conscientes y apasionados.

Hoy, en realidad, es un día de luto, un día de luto para la historia, es un retroceso para la historia de Costa Rica, yo veo en mis compañeros y en otros costarricenses rostros tristes, corazones aprisionados, y estoy hablando de sentimientos, y dirán, qué raro que hablando de sentimientos en un tema económico y en un tema de Estado, es que esto es una empresa y a muchos se les olvida que uno de los condimentos más importantes para constituir una empresa, sea privada o pública o cooperativa es la pasión, y la pasión tiene que ver con el corazón, tiene que ver con sentimientos, tiene que identificarse con cosas, con sueños, con ideales, y eso es, eso es el ICE, el ICE es no un sueño, muchos sueños hechos realidad, porque estoy seguro que los fundadores del ICE ni siquiera se imaginaron adónde iba a llegar el ICE.

Vean qué interesante, don Pepe en 1952, recién constituido el ICE, pero con un olfato que lástima que nosotros ahora y muchos políticos no lo tienen, y con una identificación con esta patria, que casi que lo adoptó, porque de bebé venía en el vientre de la madre en un barco de España, pero más tico que muchos ticos que tienen cinco o seis siglos, cinco o más siglos de esta aquí en Costa Rica.

Decía don Pepe: No habrá manera de desarrollarnos y salir de la pobreza mientras los pocos negocios grandes, y repito, negocios grandes y le agregaría muy lucrativos, de nuestros medios se entreguen a las economías foráneas, a las empresas extranjeras y nosotros nos quedemos solo con los negocios de pobre, mientras en vez de ser propietarios de nuestro propio país, nos convertiremos, nos convertimos en un ejército de empleados del exterior. Qué llamada de atención nos hacía don Pepe, y qué vigencia tienen esos pensamientos.

Ahí es cuando yo no entiendo cuando algunos amigos socialdemócratas dicen que evolucionaron otra real democracia, pero si yo veo que eso sigue teniendo vigencia, como sigue teniendo vigencia no matar, por ejemplo, amar al prójimo, sigue teniendo vigencia, aunque tenga más de dos mil años. ¡Es extraño!

A mí me llama la atención, además, de que estas personas que se consideran socialdemócratas ni siquiera le dieron la oportunidad al ICE para demostrar si podía o no salir adelante.

Todos sabemos que el ICE por bastantes años ha sido presa del manoseo político de las influencias externas que lo agarraban del cuello y le impedían invertir, todos sabemos eso, todos sabemos las corruptelas que se dieron con Alcatel y con otras cosas, todos sabemos el boicot que se le hizo al ICE y las amarras, y aun así tenemos de las tarifas más baratas del mundo y una cobertura fenomenal, ejemplar, aun esas circunstancias.

Pero no fuimos capaces de decirle: señor ICE le vamos a dar cinco años, en estos cinco años le vamos a hacer una ley flexibilizada, despolitizada, en donde usted pueda invertir con criterio técnico, técnico-político, no técnico politiquero, y haberle dado unos cinco años de oportunidad al ICE y si el modelo ICE no servía, entonces, yo era el primero que hablaba de la apertura e incluso de la privatización, pero esa oportunidad nunca se la dimos al ICE.

¿Por qué sería? Bueno, ahí me encontré un señor, un día en el aeropuerto, que me dijo que era funcionario del Banco Mundial y que el había redactado este proyecto junto con otros. Talvez por eso, porque los intereses vienen de afuera, porque ya no confían en nosotros.

Miren, todo esto me recuerda a un libro de Erich Frömm, que se llama Miedo a la libertad, el se refería al individuo, pero talvez valga para las sociedades, miedo a la libertad quiere decir enfrentar el reto de desarrollar una sociedad, de asumir retos, de asumir sueños como sociedad, como lo hacen en las pequeñas comunidades las asociaciones de desarrollo, las cooperativas, las organizaciones de vecinos las organizaciones estas de agua, ¿cómo se llaman las organizaciones de agua? Las asadas, etcétera, etcétera; el comité este de Palmares, cívico; vean qué interesante, un pueblito poquitico más grande que Zarcero y vea el fiestón que se gana, que se gana, ¿a base de qué? A base de sueños, a base de empeño, a base de ganas de trabajar y hacer las cosas con transparencia.

Pero, bueno, parece que aquí nosotros somos unos cobardes, le tenemos miedo a la libertad, a enfrentar retos, a ser dueños de nosotros mismos, eso es lo que más duele, porque aquí lo que está de por medio es la soberanía, a ser dueños de nosotros mismos, porque muchos cuando Erich Frömm hablaba del miedo a la libertad, se refería a los que les da miedo tomar decisiones en la vida y prefieren sumirse a otra persona, ser dependientes de otra persona, ser mandados por otra persona, no asumir riesgos ni decisiones, que las tomen otras personas.

Parece que ese es el camino que estamos tomando, ese miedo a la libertad que nos está haciendo, además, perder la grandísima posibilidad de decidir qué país queremos, qué país deseamos, eso es lo más me duele a mí.

Talvez lo que voy a decir suene feo, peor a veces me dan ganas hasta de llorar, porque yo siempre ilusioné en la política la gran posibilidad de decidir qué país queremos los costarricenses no los extranjeros, los costarricenses, los que tenemos aquí nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras ex novias, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra sangre, nuestro sabor, nuestra tierra, nuestros recuerdos, somos nosotros los que conocemos este país y podemos tomar decisiones de este país y no los que vienen de afuera, que a lo sumo ven un paisaje bonito por ahí, a lo mejor una tica bonita por ahí y un buen rollo de dinero y trabajadores buenos, y ojalá baratillos, y venga el negocio.

Eso no es posible, los costarricenses, y ojalá que se pueda hacer algo todavía, tenemos que recuperar el derecho a decidir qué país queremos.

Pero miren, es que hemos estado aquí en un proceso doloroso. En este proyecto de ley vimos más de quinientas mociones y no se aprobó una sola, se votaron ciento sesenta y cinco sin ni siquiera, no digo discutirla porque aquí no hubo discusión, sin ni siquiera nada más votarlas, sin ni siquiera expresar la argumentación. En realidad, no hubo debate, no hubo Parlamento, qué doloroso es eso, cómo desperdiciamos esas oportunidades de la democracia.

Pero, además, aquí nos trataron de imponer un modelo que ya opera en todo lado, en Centroamérica. Ahí les decía el otro día, las compañías que ya se inscribieron aquí y que van a venir aquí a Costa Rica ya están funcionando en los países vecinos y en Europa, Estados Unidos y otros lados, y esas compañías con fonateles para, supuestamente, fondos de desarrollo, con suteles, con competencia y todas tienen tarifas mucho más altas que las nuestras.

Entonces, como les decía yo ayer, mire, lo que alguien sabe hacer en un lado no lo viene a hacer diferente allá, si eso fueran vacas de quince botellas allá, aquí van a venir a dar quince, van venir a dar la misma leche, no van a venir a dar otra leche y la leche que ellos dan es una leche cara y sin solidaridad. Y se ve por todos lados, en los costos, mire, ya es majadería hablar de las diferencias, de las diferencias de costos, pero voy a mencionar un par. Hoy mismo, hoy sale en La República: Unión Europea pide rebaja de precio en mensajes de texto.

¿Saben cuánto vale un mensaje de texto en Europa convertido a colones? Cuesta entre treinta y siete colones y setenta y cuatro colones un mensaje. En Estados Unidos cuesta setenta y cinco colones en doble vía, es decir, ciento cincuenta colones. ¿Saben cuánto vale en Costa Rica? Colón cincuenta. ¡Por el amor de Dios, hasta le parece a uno que es mentira!

Es más, es tan grande la diferencia que yo creo que la gente ni le cree a uno y así podemos verlo en todo lo demás...

...yo espero... gracias, yo espero que la gente reflexione y que esta dolorosa caída de la soberanía costarricense nos permita pararnos de nuevo.

DIPUTADO MARVIN MAURICIO ROJAS RODRÍGUEZ:

Buenas noches, señor Presidente; buenas noches, compañeras y compañeros.

Hoy, quiero insistir, una vez más, ante este Plenario en los principios que deberían regir el mercado de las telecomunicaciones en Costa Rica y que no han quedado incorporados en esta Ley, a pesar de que el Partido Acción Ciudadana ha sido vehemente en defenderlos, y los quiero mencionar, nuevamente, para que sea el pueblo costarricense el que juzgue. Los principios rectores a los que me refiero son los siguientes:

Primero, las telecomunicaciones deben ser un servicio público, de ellas dependen todos los actores sociales, desde los empresarios y comerciantes hasta el resto de ciudadanos que, para desarrollar sus diversas actividades, requieren una certeza de que este servicio básico se preste en forma continua, eficiente y pública.

Segundo, el servicio debe garantizar la igualdad en el trato a todos los usuarios.

Tercero, el principio anterior conlleva una segunda característica de los servicios de las telecomunicaciones: la universalidad del derecho a ellos. Toda la población costarricense debería tener derecho al disfrute de los servicios públicos de calidad en telecomunicaciones e información.

Cuarto, relacionado con los principios anteriores, está el hecho de que estos deben ser solidarios y equitativos. El principio de solidaridad obliga a que se dé acceso real a las personas de menores ingresos y a los grupos vulnerables por medio de tarifas asequibles.

No haber incluido estos principios en la ley, es permitir que las malas experiencias sufridas en América Latina, en el sector de telecomunicaciones, se repitan inexorablemente en Costa Rica, y exponer, innecesariamente e injustamente, a la población más necesitada y vulnerable de este país, la cual se verá excluida de los servicios por el aumento irreversible, que ustedes saben se va a dar en las tarifas.

Pero resulta que se nos viene ahora con el cuento de que la única forma de modernizar las telecomunicaciones en Costa Rica es a través de la apertura del mercado. Se dice que las empresas necesitan la tecnología de punta para poder avanzar, pero resulta que esta afirmación es una ofensa para nuestros profesionales y técnicos, al decirnos que tienen que venir empresas extranjeras a explicarnos cómo se debe avanzar.

Estimados costarricenses, debemos ponerle atención a lo que está pasando en este país. Desde el pacto Figueres-Calderón, los dos partidos que nos han gobernado en los últimos años, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, se pusieron de acuerdo para echarse a la bolsa todo lo que podían.

El ICE y las telecomunicaciones no han avanzado a una velocidad mayor precisamente porque estos gobiernos han nombrado, por años, a personas que han puesto su capacidad e inteligencia al servicio de empresas extranjeras y de sus propios “chorizos” y no al servicio de los más nobles intereses nacionales.

El ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, quien fuera electo por el Partido Unidad Social Cristiana, en contubernio con algunos directivos del ICE, se dedicaron a favorecer a la empresa Alcatel en una licitación de cuarenta mil... de cuatrocientas mil líneas telefónicas celulares.

Nos decía José Antonio Lobo, ex directivo del ICE, en una publicación del periódico La Nación, del 19 de octubre del 2004, que el empresario y primo del ex mandatario Rafael Ángel Calderón Fournier, Alfonso Guardia Mora, habría mediado para que la empresa Alcatel entregara una comisión al ex presidente Rodríguez, que, según Lobo, andaría por el orden de los trescientos sesenta millones de colones, o de ahí para arriba.

La Dirección Jurídica del ICE estimó en diez mil millones de colones los daños y perjuicios ocasionados a la institución por el caso Alcatel, (La Prensa Libre, 7 de agosto del 2007.)

El ICE ha venido siendo perjudicado desde adentro y desde afuera del país; ahora, sus detractores se cansaron de ordeñar la vaca y tomaron la decisión de que era matarla... de que era mejor matarla para repartírsela entre ellos y sus socios extranjeros. Pero el ICE no pertenece a estos detractores que lo quieren vender a las fuerzas del mercado, el ICE es el producto de años de ahorro e inversión de los costarricenses, y sus servicios deben ser para el beneficio de la colectividad.

El entregar el ICE y el mercado de las telecomunicaciones a las fuerzas del mercado sin una clara regulación por parte del Estado costarricense, traerá como consecuencia la apropiación del mercado por unos cuantos para su beneficio. Los principios que sustentan y protegen el interés público y colectivo irán muriendo conforme avance el monopolio o el oligopolio privado de las telecomunicaciones, y eso todos lo sabemos. Que juzgue el pueblo costarricense.

Gracias, señor Presidente.

DIPUTADA JULIA PATRICIA ROMERO BARRIENTOS:

Gracias, señora Presidenta.

Inicio aclarando, una vez más, a las personas que nos escuchan, que el pasado 7 de octubre en el referéndum se aprobó, aunque con dudas todavía, no resueltas.

El Partido Acción Ciudadana reconoce y acepta la voluntad popular en cuanto a este tema en particular, lo que no permitimos es que los sectores económicos y políticos con gran poderío interesados en este tema, quieran aprovecharse una serie de leyes que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y el Presidente de la República reconocieron pocos días antes de la fecha que no estaban incluidos en la consulta. Este proyecto de ley es de vital importancia para nuestro país, es el que permitirá y regulará la apertura del sector de las telecomunicaciones.

Precisamente por esto es que el Partido Acción Ciudadana le ha prestado una especial atención, nos critican por haber presentado muchas mociones, por defender hasta el final una institución como el ICE, que ha sido un estandarte para nuestro país y su protagonismo en estadísticas internacionales de desarrollo social y humano.

La Fracción del Gobierno y sus aliados han decidido tomar una posición que irrespeta totalmente el propósito de esta Asamblea Legislativa, han decidido callar, votar mecánicamente sin la más mínima reflexión, asumiendo que todas nuestras propuestas no merecen ser consideradas, menospreciando el impacto que esta ley tendrá en el acceso a los servicios de telecomunicaciones que es un importante sector para la población, una población que no posee los recursos económicos suficientes para pagar precios de capricho.

Me preocupa profundamente que el pueblo costarricense no esté consciente de los acuerdos a los que se ha llegado en este Gobierno y en este Parlamento, acuerdos que no necesariamente responden a los principios de solidaridad y de defensa de los que menos tienen.

Si realmente estas cúpulas estuvieran interesadas en el bienestar de nuestro país, sin intereses personales de por medio, también impulsarían campañas masivas presionando para que abandonemos esta monotemática agenda, y le diéramos paso a temas importantes para nuestro país como la educación, la seguridad ciudadana, la seguridad vial, el ambiente y otros temas de los cuales no tenemos convocados ni un solo proyecto a pesar de su urgencia.

Impulsarían, también, campañas para exigirle al Gobierno que excluya de la agenda de implementación todos los llamados pluses, que han querido incorporar en estas leyes, probablemente porque si no aprovechan este contexto en el que se exige aprobar las leyes sin discusión, sin análisis, ya no podrían pasar temas delicados que en otro contexto recibirían la atención y el rechazo de la población.

Han querido, desde el referéndum, confundir los alcances del resultado del mismo, aduciendo que la población aprobó también la llamada agenda de implementación.

Olvidan las y los compañeros del grupo treinta y ocho y del Gobierno que el Partido Acción Ciudadana, desde el mes de abril del año 2007, les propuso que se congelara la mencionada agenda de trece proyectos, en ese momento, porque ahora hasta en eso han cambiado las reglas, y ahora son once los que están en la corriente parlamentaria, por considerarla unida al Tratado de libre comercio que sería consultado en el referéndum que, en ese momento se realizaría el 27 de setiembre; sin embargo, la respuesta del Gobierno a través de una carta del presidente Arias fue negativa, e incluso irrespetuosa al criticar nuestra propuesta.

La Nación, el 12 de mayo, afirma textualmente que el Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias fue enfático en que no desistirá de la agenda paralela, sea cual sea el resultado del referéndum del 23 de setiembre.

Nuestro Partido aclaró, desde ese momento, que no permitiríamos que se jugara con un tema tan importante, aceptamos que el Tratado de libre comercio y la agenda de implementación eran dos temas aparte, y que los trataríamos como tal según la actitud del Gobierno.

Posteriormente, en lugar de aceptar nuestra propuesta presentada seis meses antes del referéndum, deciden solo un mes antes que mejor sí, que sí aceptan, aunque no todos estaban de acuerdo, porque desde Casa Presidencial decían una cosa y en la Fracción del PLN decían otra.

Incluso, el 30 de setiembre, en una entrevista con La Nación, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, afirma ante la siguiente pregunta del periodista (abre comillas) “líderes del sí y el “no” han dicho en distintos momentos que conviene aplicar el resultado del referéndum no solo para el TLC, sino para toda la agenda de implementación. ¿Usted ve bien poner más carga sobre el proceso?, le preguntan, él contesta: Lo que se pretende llevar a referéndum es el TLC no la agenda de implementación, eso fue una decisión política y otra decisión hubiera sido meter todo en paquete. No nos corresponde evaluar si fue una buena decisión, dice él, si hubiera sido así, el ambiente estaría todavía más cargado, porque si sería el todo o nada, talvez hubiera sido más complicado para el elector porque el TLC ya es un documento complejo y si además metemos otros proyectos la capacidad de entender qué está en juego hubiera sido menor.” (se cierran las comillas).

Ahora pretenden engañarnos a todos asegurando que el pueblo decidió a favor al votar el 7 de octubre, exigiendo y asegurando falsamente que en esa campaña se discutieron, también, los proyectos de esta agenda, aunque saben que eso no es cierto.

Costa Rica decidió por mayoría aprobar el Tratado de libre comercio, pero no les dio un cheque en blanco que puedan utilizar a su parecer. Utilizan el miedo de un pueblo para lograr incorporar temas delicados que siempre han causado repudio en la población, camuflando temas, algunos han sido descubiertos por lo que se vieron obligados a excluirlos como la apertura de la telefonía fija.

Se han preguntado ustedes, costarricenses, ¿qué habría pasado si no hubiese existido oposición a estos proyectos?

El tema de la telefonía fija es una clara muestra de sus intenciones. Son muchas las presiones que se viven en este Parlamento.

El Partido Acción Ciudadana está orgulloso de su actuar, estamos anuentes a rendirle cuentas a la población para exponerles nuestras motivaciones para defender hasta el final que no se abuse del mandato popular, para defender nuestras instituciones y su función social por excelencia.

Estamos dispuestos y dispuestas a soportar presiones por no ceder ante la política tradicional que desea regresar a los acuerdos bajo la mesa. Este irrespeto a la voluntad popular y este procedimiento irregular que se le aplica a la ruptura del monopolio del ICE, aun en contra del espíritu de los legisladores del cuatrienio 2002-2006, que prohibieron la aplicación de este artículo 208 bis a la apertura de los monopolios estatales, las y los diputados del Partido Acción Ciudadana seguiremos hasta el final en la defensa de un modelo de desarrollo, inclusivo y solidario, y será después la historia y la patria quienes nos juzguen.

Muchas gracias, señor Presidente.

DIPUTADA ELIZABETH FONSECA CORRALES:

Muy buenas noches.

Muchas gracias, señor Presidente.

Llegamos al final de un camino que nos ha llevado a la discusión de un proyecto general de telecomunicaciones que lleva el número 16.398.

Hoy, yo me siento verdaderamente conmovida, me siento triste, me siento un tanto defraudada porque vamos a cambiar un modelo que ha sido exitoso, un modelo que ha tenido a Costa Rica entre los mejores países de América Latina, e inclusive, de otras partes del mundo en cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones gracias a ese modelo único que se fue concibiendo con el paso de los años, en que al Instituto Costarricense de Electricidad, al cual, primero, únicamente se le habían asignado las funciones de generar la energía eléctrica que el desarrollo del país demandaba, posteriormente, se le asignaron también las funciones de desarrollar las telecomunicaciones.

Ese modelo, que se ha caracterizado verdaderamente por la universalidad, por la solidaridad, que ha permitido que tengamos telefonía fija de altísima calidad, que tengamos telefonía celular, que ocupa uno de los más altos lugares en el mundo en cuanto a consumo en telefonía celular, el tercero ocupa Costa Rica.

Este modelo, que nos ha permitido tener electricidad hasta en las poblaciones más remotas de nuestro país, tener acceso a teléfonos públicos, cuando vamos de paseo, en las zonas más alejadas de nuestra patria, ¡ese modelo hoy está llegando a su fin!

Y está llegando a su fin, no sé si se votará hoy día en primer debate, o si la votación se quedará sencillamente para el día de mañana, porque verdaderamente, en este Plenario, nos hemos quedado cortos en dar un verdadero debate nacional.

Al ICE se le ha venido maltratando desde hace ya muchos años. Desde hace unos veinticinco años en que la mayor parte de los países se dedicaron a privatizar, se dedicaron a vender las empresas estatales, imbuidos de aquellas ideas que colocó muy bien el Consenso de Washington de reducir el Estado y sus instituciones al mínimo, de abrir a la empresa privada, de dar mayores posibilidades al empresariado, Consenso -véanlo como se llama- Consenso de Washington, ideas que se generaron en los organismos internacionales, en la capital financiera del planeta, no para ayudar a los países pequeños y subdesarrollados del mundo, ¡no, señores!, ideas que se generaron, única y exclusivamente, para favorecer a las grandes corporaciones transnacionales de ese país.

Y resulta que ese modelo, que ha sido puesto en práctica en muchos de los países latinoamericanos, ya se está demostrando que ha dejado mucho que desear.

Señor Guyón Massey, usted nos decía que las tarifas nadie ha demostrado que vayan a subir, bueno, aquí no hemos pasado ese proceso, nos hemos quedado entre los últimos, pero países como Argentina, como Chile, como Uruguay, todos los demás países que han pasado por procesos similares, demuestran cuál ha sido el resultado.

En algunos países centroamericanos, donde la telefonía pasó a manos privadas, hoy la gente se encuentra devolviendo los aparatos y devolviendo el servicio. Tengo ideas muy claras acerca de lo que está pasando en Honduras, por ejemplo, ¿por qué?, porque al principio comienza verdaderamente a funcionar un mercado con varias empresas. Pero, como bien han dicho varias de las personas que conocen más el mercado de las telecomunicaciones, este se trata de un monopolio natural, donde tiende a haber concentración.

Yo me pregunto ¿serán suficientes las barreras... las pequeñas barreras que esta Ley pone para evitar que esas cosas sucedan en nuestro país? Yo pienso que, definitivamente, no. Y, como dice la compañera Leda Zamora, ojalá seamos nosotros los equivocados, ¡ojalá!

Ojalá, en el futuro, no tengamos nosotros que arrepentirnos, como se han arrepentido en muchos de los países latinoamericanos. Aquí se dice que no se está privatizando, se está abriendo, pero este es, desde mi punto de vista, el primer paso para un debilitamiento de la entidad.

¡Ojalá yo sea la equivocada! ¡Ojalá, en el futuro, el ICE siga valiendo como empresa lo que hoy vale! Porque lo que ha pasado en otros países con los entes públicos que prestaban el servicio de telecomunicaciones, es que cuando entró la competencia y fueron perdiendo clientela, esos institutos o esas instituciones más bien se desvalorizaron.

Este es un peligro verdaderamente grande en el que estamos. Los compañeros y las compañeras que trabajan en el Instituto Costarricense de Electricidad saben la confianza que tenemos en ellos, saben que en el Partido Acción Ciudadana los hemos apoyado y que creemos que el ICE es un verdadero baluarte entre las instituciones nacionales.

No es creíble eso que dicen los diputados del g-38, que tenemos poca fe en los trabajadores y las trabajadoras del ICE. ¡No! Tenemos la mayor confianza en ellos, pero no tenemos confianza en que no se dé lo que ha sucedido en otros países latinoamericanos, el estrujamiento, el ahogamiento de las instituciones estatales, y que, por más que las quieran defender sus trabajadores, el nuevo contexto de apertura les resulta totalmente adverso para seguir manteniendo una institución en los niveles que el Instituto Costarricense de Electricidad hoy día tiene.

Pienso que el país, en todo caso, debe estar alerta. El país debe estar alerta para impedir que aquí se den casos de corrupción como los que se han dado en otros negocios en las instituciones del Estado. Hay toda una telaraña de intereses detrás de todo esto, aquí nos hablan de las maravillas de la convergencia, de las maravillas del desarrollo de las telecomunicaciones en nuestros días, y ese avance científico y tecnológico es innegable, pero lo que, también, es innegable son los grandes negocios de las transnacionales que están detrás de todas estas renovaciones, de todas estas leyes que se han venido dando en cada uno de los países.

Nosotros, más bien, nos hemos salvado mucho, porque otros países hicieron esos nefastos cambios hace ya bastantes años. Yo pensé que Costa Rica iba a tener la sabiduría para seguir avanzando por una vía diferente, por una tercera vía, por una vía costarricense al desarrollo.

Las instituciones cumplen una función bien o mal, una función a las que están llamadas, y es en ellas mismas que hay que juzgarlas. Al ICE había que hacerle verdaderas mejoras, había que fortalecerlo, había que darle oportunidad de seguir brindando los servicios como hasta aquí lo ha hecho, pero parece que la suerte está echada.

Gracias, señor Presidente.

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