Sobre el referendo UPOV

La figura del referendo se utiliza para aprobar o improbar leyes, como lo ha establecido el Tribunal Supremo de Elecciones en distintas resoluciones, pero también sirve para derogarlas.

bloque_verdeEl artículo 01 de la ley de referendo no podía ser más claro al respecto:

“Artículo 1º—Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular e instrumentar el instituto de la democracia participativa denominado referéndum, mediante el cual el pueblo ejerce la potestad de aprobar o derogar leyes y hacer reformas parciales de la Constitución Política, de conformidad con los artículos 105, 124, 129 y 195 de la Constitución Política.”

Por eso no comparto los criterios que han vertido a la prensa los magistrados Sobrado y Esquivel con respecto al referendo de los proyectos UPOV y Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales.

Según han dado a entender, si los proyectos llegan a votarse en la Asamblea Legislativa, se cancelaría el referendo por falta de interés.

Han dicho, además, que la votación de los proyectos en la Asamblea Legislativa solo se suspendería en el momento en que se realice la convocatoria oficial a referendo.

De acuerdo a los magistrados, esa convocatoria oficial no podría realizarse antes del 07 de julio del 2008, por cuanto la ley de referendo dispone que “no podrá convocarse a más de un referéndum al año”, mientras que por otro lado señala que el referendo deberá celebrarse dentro de los tres meses siguientes a la convocatoria oficial.

La Ley de Referendo no establece cuál es el momento, esa etapa del proceso de referendo capaz de suspender la votación de los proyectos en la Asamblea Legislativa.

Valiéndose de ese silencio normativo los magistrados han resuelto complacer al régimen en claro perjuicio de la ciudadanía. Y no es la primera vez que lo hacen. En el caso del referendo por el TLC, cuando el TSE tuvo que escoger entre el referendo por iniciativa ciudadana y el referendo ejecutivo, también resolvió en beneficio del Gobierno, y esto a pesar de las fuertes razones por las cuales debía respetar el referendo ciudadano, que fue el primero que se promovió. 

Pues bien; aunque la ley de referendo no dice nada al respecto, los magistrados sostienen que solo la convocatoria oficial llegaría a suspender la votación legislativa de los proyectos. Y sabemos que ese es su criterio nada más porque así lo han declarado a la prensa, pues la resolución que autoriza la recolección de firmas no aclara el particular.

Dice la resolución que “Se aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa de los referidos proyectos, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria a referéndum en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho efecto suspensivo solo alcanzaría su votación en el plenario legislativo.”

Sin embargo el artículo 11 habla de dos convocatorias, una que se tendría por cumplida cuando los solicitantes del referendo hayan reunido la totalidad de firmas, y la convocatoria oficial que es la que debe realizar el TSE publicando el correspondiente aviso en el boletín oficial:

“Artículo 11.- Convocatoria oficial a referéndum. Cuando se haya reunido satisfactoriamente un número de firmas equivalente al menos a un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, se tendrá por convocado el referéndum. El TSE hará la convocatoria oficial del referéndum comunicándolo así en La Gaceta, dentro de los siete días hábiles siguientes, y procederá a la organización y demás actos administrativos necesarios para realizar la consulta, la cual deberá efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la publicación del aviso.”

Las razones políticas por las cuales los magistrados le han dado preferencia a la convocatoria oficial resultan evidentes: la alianza de 38 diputados contaría con tiempo de sobra para aprobar los proyectos en la Asamblea Legislativa.

Pero todavía desconocemos las razones de fondo o de derecho en que se han basado los magistrados para externar semejante criterio a la prensa.

La convocatoria oficial representa simplemente un acto formal: la publicación del aviso mediante el cual el TSE señala una fecha para celebrar el referendo. Mientras que la convocatoria realizada por la ciudadanía es un acto material, representa la voluntad de más de 130 mil costarricenses que, mediante sus firmas, expresaron su apoyo a la iniciativa. Desde ese momento, cuando los ciudadanos presentan las firmas al TSE, estarían cumpliendo con todos los requisitos necesarios para celebrar un referendo. No podría el TSE, ni el Gobierno ni mucho menos 57 diputados, ignorar la voluntad inequívoca de 130 mil costarricenses. Sería irresponsable e inmoral. Debemos tener en cuenta además que ese porcentaje de firmas, el 5% del padrón electoral, no es una suma antojadiza, sino que el legislador consideró que esa cantidad representaba la voz popular, el interés de la ciudadanía en decidir una cuestión mediante referendo.  

Por otro lado, los magistrados del TSE sostienen que, en caso de que no se haya efectuado la convocatoria oficial, si los proyectos se aprueban en la Asamblea Legislativa, se cancelaría automáticamente el referendo por falta de interés.

En verdad se trata de una afirmación muy cuestionable, pues según se expresó, el referendo también sirve para derogar leyes. Bajo la óptica de los magistrados, si los proyectos se convierten en ley, debería iniciarse un nuevo proceso de referendo en caso de que los interesados mantengan su posición de someterlos a referendo, pero esta vez sería específicamente para derogarlos o para confirmarlos.

Aunque el tema se presta a discusión, considero que una salida oportuna, viable y conciliadora, sería que los referendos se promovieran para aprobar, improbar, derogar o confirmar determinados proyectos o leyes, y el TSE así debería consignarlo en los formularios de recolección de firmas, de forma que el ciudadano que firma la convocatoria estaría avalando que el referendo se realice aun en el caso de que los proyectos se hubieran aprobado o rechazado en la Asamblea Legislativa, por lo que el referendo no perdería “interés”, que es lo que alegan los magistrados.

Para concluir, si la resolución que autoriza la recolección de firmas resultaba confusa, con lo declarado a la prensa por los magistrados Sobrado y Esquivel se despejan muchas de las dudas, y ya sabemos que al referendo le espera un camino tortuoso.

Pero esa no es razón para desfallecer, para darnos por vencidos sin haber librado la lucha. Eso sí: es absolutamente necesario recoger las firmas necesarias antes de que los proyectos se voten en la Asamblea Legislativa. En ese momento, cuando el TSE tenga en sus manos el mandato popular de convocatoria a referendo, quedará en evidencia la injusticia que encierra la actitud asumida por los magistrados si permiten que los proyectos se voten en la Asamblea.

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