Mequetrefes de la talla del presidente Carlos Alvarado Quesada y del ministro Daniel Salas Peraza no se distinguen precisamente por su inteligencia, pero alguna persona dentro de su círculo cercano debe tener al menos los dos dedos de frente que se requieren para saber que establecer mediante decreto la inoculación Covid-19 como una obligación laboral es completamente contrario a derecho, tanto que raya en lo delictivo, y que semejante medida no podría sostenerse de ninguna forma en la vía jurisdiccional, por más corrompido que pueda estar el sistema de administración de justicia.
Por eso me inclino a pensar que todo el show que se ha montado con el tema de la supuesta obligatoriedad de la inyección para los trabajadores, no es más que otro ataque psicológico dentro de la campaña de terror que este gobierno de degenerados está librando contra la población.
Primero, el papel higiénico La Nación publica en primera plana que la Sala IV había declarado la constitucionalidad de la vacunación obligatoria, noticia más falsa que cierta, pero de la que hicieron eco la mayoría de medios de desinformación que, en vez de realizar su propio análisis de lo reportado, se dedicaron a transmitirla con el mismo sesgo.
Y a los pocos días, después de haber engañado a la población haciéndole creer que la Sala IV había declarado la constitucionalidad de la vacunación, aparece el anuncio de que “la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad de la vacuna contra Covid-19 para todos los funcionarios del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, hayan optado por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo”, y que el decreto sería emitido y firmado los próximos días, según se lee en el comunicado del Ministerio de Salud del 27 de setiembre del 2021.
Como era de esperar, los medios de defecación masiva como Telenoticias, Noticias Repretel, Monumental, etc., etc., etc., se dedicaron inmediatamente a difundir la noticia, y con la misma ligereza que se atreven a decir que las inyecciones son seguras y efectivas, le están haciendo creer a la población que no hay nada que hacer, que todo es completamente legal, que ya la Sala IV lo dijo, que el Código de Trabajo también lo permite, que es causal de despido.
Desde luego que, mientras se define el tema en la vía jurisdiccional, y ante semejante amenaza a su medio de subsistencia, muchos trabajadores van a optar por inocularse, con lo que el gobierno habrá cumplido su objetivo, aunque más tarde se declare la inconstitucionalidad de lo acordado por la Comisión de Vacunación o la ilegalidad de los despidos.
Por otra parte, las cámaras empresariales han estado presionando al gobierno en favor de la obligatoriedad de la inyección con la esperanza de que se levanten las restricciones, por lo que es de esperar que muchos patronos se van a prestar a coaccionar a sus trabajadores.
Claro está que, aunque lo acontecido presenta tintes de guerra psicológica y terrorismo de Estado, la gravedad del ataque obliga a acudir a las vías de hecho y de derecho que correspondan para defender la integridad.