El gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada anunció el 13 de octubre del 2021 que a partir del 01 de diciembre del mismo año será obligatorio utilizar un código QR que refleje el “esquema completo” de inyecciones Covid-19 para ingresar a lugares como restaurantes, sodas, cafeterías, bares, casinos, tiendas, centros comerciales, museos, gimnasios, hoteles, cabinas, iglesias, templos, salas de eventos, turismo de aventura, teatros, cines, establecimientos deportivos y otros.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, terminaron de bajarse los pantalones y el pasado 07 de octubre del 2021 firmaron el decreto ejecutivo No. 43249-S en el que se establece "la obligatoriedad para aplicar la vacuna contra el COVID-19 en todas las personas funcionarias del sector público, así como para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, hayan optado por incorporar la vacunación contra la COVID-19 como obligatoria en sus centros de trabajo", decreto que sería publicado en las próximas horas y que entraría a regir a partir del 15 de octubre del 2021.
Se ofrece sin costo el siguiente modelo de carta que se le puede dirigir al patrono que le solicite al trabajador información acerca de si se ha puesto la inyección contra la covid-19 o si cuenta con el certificado de inoculación, en el supuesto de que el trabajador no quiera revelar esa información. En caso de que el patrono acuda a la amenaza o coacción, quizá lo preferible sería plantear la denuncia en la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y en la Agencia de Protección de Datos de los habitantes del Ministerio de Justicia y Paz.
Ante el ataque tan brutal como desesperado que en los últimos días emprendió el gobierno de Carlos Alvarado Quesada en contra de los trabajadores costarricenses, con el que intenta imponer la obligatoriedad de la inyección Covid-19, distintos colectivos han convocado a una manifestación por la libertad que se celebrará el sábado 02 de octubre del 2021 a las 11:00 a.m. en el Parque Central.
Aunque los medios y sus expertos lo digan una y mil veces, no es cierto, negarse a la inoculación de la substancia Covid-19 no es causal de despido de acuerdo con la legislación costarricense. Por el contrario, el patrono que, manipulado por el gobierno, emprenda acciones en ese sentido, podría enfrentar graves consecuencias, y en tal escenario es seguro que el gobierno y sus esbirros se van a lavar las manos.
Mequetrefes de la talla del presidente Carlos Alvarado Quesada y del ministro Daniel Salas Peraza no se distinguen precisamente por su inteligencia, pero alguna persona dentro de su círculo cercano debe tener al menos los dos dedos de frente que se requieren para saber que establecer mediante decreto la inoculación Covid-19 como una obligación laboral es completamente contrario a derecho, tanto que raya en lo delictivo, y que semejante medida no podría sostenerse de ninguna forma en la vía jurisdiccional, por más corrompido que pueda estar el sistema de administración de justicia.
