Mequetrefes de la talla del presidente Carlos Alvarado Quesada y del ministro Daniel Salas Peraza no se distinguen precisamente por su inteligencia, pero alguna persona dentro de su círculo cercano debe tener al menos los dos dedos de frente que se requieren para saber que establecer mediante decreto la inoculación Covid-19 como una obligación laboral es completamente contrario a derecho, tanto que raya en lo delictivo, y que semejante medida no podría sostenerse de ninguna forma en la vía jurisdiccional, por más corrompido que pueda estar el sistema de administración de justicia.
