Por si llega el momento de sentar responsabilidades, y aceptando que la tarea podría resultar interminable dada la gran cantidad de colaboracionistas de la tiranía mundial, se ofrece con actualizaciones constantes la siguiente lista de hijos de la grandísima que de una u otra forma están coaccionando a la población de Costa Rica para que se inocule la pócima Covid-19. Se omite al presidente Carlos Alvarado, al ministro Daniel Salas y al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, en virtud de que su responsabilidad es evidente.
Armando Mayorga Aurtenechea
Otro terrorista asalariado del panfleto propagandístico La Nación pidiendo a gritos la inyección obligatoria. Propone un pasaporte Covid o carné de vacunación sin el cual no se podría trabajar, utilizar el transporte público, ingresar a edificios del estado, comercios, bares, sitios de fiesta y deportivos. Como buen manipulador, en su breve artículo se deja decir en dos ocasiones, justo al principio y justo al final, para que el mensaje quede bien claro, que la inyección significaría dejar atrás la plandemia. Asco de personaje. Dice que está comprobado, científica y estadísticamente, que las personas que no se han inyectado representan una amenaza para la salud pública, pero, por supuesto, no indica cuál o cuáles estudios científicos comprobarían tal cosa. En resumen: su artículo es una verdadera oda al odio contra los no inoculados. Que no se olvide nunca.
Carlos Ricardo Benavides Jiménez
Talibán de la Asamblea Legislativa. Vividor de la política. Segunda vez que se asegura un puesto de diputado con el Partido Liberación Nacional. En el año 2007, como Ministro de Turismo, no tuvo reparo alguno en promover el miedo en la población para hacer campaña a favor del TLC con Estados Unidos, y en esta ocasión vuelve a las andadas vociferando desde su curul toda clase de epítetos y maldiciones contra los no vacunados, a quienes prácticamente considera armas biológicas, y según dice, no quiere que se se les acerquen a sus hijos, ni a los hijos de sus familiares ni a los de sus amigos. Curiosamente, en los breves minutos que habló, tocó su mascarilla con las manos en innumerables ocasiones, por lo que, siguiendo su lógica, pudo haberse llevado el virus de las manos a la mascarilla, de la mascarilla a la boca, y ya en su boca, pudo haber estado “ensalivando todo el ambiente alrededor de mis hijos”.
Irene Rodríguez Salas
Empleada de La Nación. Firmante de la noticia “Así afectan los no vacunados la batalla contra la covid-19” publicada el 23 de setiembre del 2021. En realidad, el titular de la nota lo dice todo. Después de entrevistar a Juan José Romero Zúñiga, epidemiólogo veterinario, y Tomás de Camino, matemático, personajes multicolor que en sus declaraciones se contradicen entre sí en lo relativo al fondo del asunto (inmunidad de rebaño), la periodista con un máster en salud pública llegó a la conclusión de que “un 10% de la población que no se vacune sería suficiente para mantener al SARS-CoV-2, virus causante de la covid-19, circulante e infectando por más tiempo”, así como que “tener población sin protección mantiene al virus con una dinámica muy activa”. En otras palabras: hay que inyectar absolutamente a todos para que las personas “con protección” se sientan de verdad protegidas.
José Andrés Céspedes y Diego Bosque
Sabuesos del periódico La Nación. Firmaron la noticia publicada en primera plana el día 21 de setiembre del 2021 con el título “Sala VI confirma la constitucionalidad de vacunación obligatoria”, titular rotundamente falso, pues la nota se refiere a una resolución dictada con ocasión de un Recurso de Amparo interpuesto para una situación particular (obligación de la inoculación para el personal sanitario), y por ser un Recurso de Amparo, lo resuelto jamás podría considerarse como la declaratoria de constitucionalidad de una norma, materia reservada para las acciones o consultas de constitucionalidad; y mucho menos podría interpretarse que esa resolución es aplicable a toda la población sino que la misma incumbe únicamente a quienes plantearon el recurso. O sea, vivo ejemplo de terrorismo mediático.
Armando González R.
Apátrida que, junto a muchos otros de su misma estirpe, ha copado los medios de comunicación de Costa Rica. Actualmente es director del periódico mafioso La Nación, y su especialidad siempre ha sido sembrar el odio y, por supuesto, opinar sobre temas que desconoce. En un artículo del 18 de setiembre del 2021 titulado “Libertad y vacunas”, claramente dirigido a que se declare la obligatoriedad de la inyección covid-19, manifestó que “es hora de empezar a pensar en medidas para quienes rechazan las vacunas”, que “las poblaciones no vacunadas son combustible para la pandemia”, que “los reacios a la inoculación elevan el riesgo de quienes no han tenido acceso a ella”, que “los no vacunados, además de un medio para perpetuar la pandemia, son laboratorios donde el virus ensaya sus mutaciones”, que “el rechazo a las vacunas cobrará relieve como acto de inexcusable egoísmo”, etc. Pues sí, es mucho lo que se podría decir de semejante personaje y del pasquín que dirige, pero quizá basta verlo utilizando mascarilla en la foto de perfil del periódico para saber que no es más que un mono de circo.
Claudio Alpízar Otoya
Escalador político que forma parte de la campaña presidencial de José María Figueres Olsen. En un post de Facebook del 14 de setiembre del 2021 calificó de pecadores a las personas que se resisten a la inoculación y los culpó de la supuesta saturación hospitalaria y de las nuevas restricciones impuestas por el gobierno.
Fabricio Alvarado Muñoz
Político pandereta que aspira a la presidencia de Costa Rica. En un tuit del 14 de setiembre del 2021 indicó que “nos estamos quedando atrás en la inmunización… y esa es la verdadera causa de la saturación en los hospitales.” O muy ignorante, o muy desgraciado, que incluso a esas alturas de la plandemia seguía denominando “inmunización” a la inyección experimental, a pesar de que ha estado a la vista de todos que el mejunje de las farmacéuticas no otorga inmunidad.
